Juicio de Londres: acusan al régimen cubano de “fabricar pretextos” para no pagar deuda

El grupo inversor CRF I, constituido en 2009 en las islas Caimán, acusó este martes al régimen de Cuba de “fabricar pretextos” para no reconocerlo como acreedor de una deuda millonaria y evitar pagar, en un juicio que se está celebrando en Londres, Reino Unido.

Sara Cockerill, jueza de la división Comercial del Tribunal Superior, debe decidir si CRF I es el tenedor legal de una deuda por 72 millones de euros cuyos títulos anteriormente eran gestionados por el ICBC Standard Bank –filial británica del banco chino ICBC– o si, por el contrario, no tiene validez el traspaso entre estas dos entidades autorizado el 25 de noviembre de 2019 por Raúl Olivera Lozano, un banquero y exfuncionario del régimen cubano.

Olivera Lozano es uno de los testigos de la defensa cubana que fue llamado a declarar el martes desde la Habana, aunque cumple 13 años de cárcel tras ser condenado en 2021 –junto con otros colegas del Banco Nacional de Cuba (BNC)– por supuestamente haber recibido un soborno de agentes del fondo, informó la agencia de noticias EFE.

El abogado de CRF, Jawdat Khurshid, interrogó al cubano sobre sus funciones exactas como director de operaciones en el BNC, donde trabajó durante más de 40 años.

Khurshid alertó a la jueza británica sobre tomar con “cautela y escepticismo” los argumentos de los demandados, el BNC y el Estado cubano, quienes aseguran que Olivera Lozano actuó ilegalmente al autorizar la cesión de los derechos contractuales del ICBC al CRF.

Los abogados del régimen cubano habían argumentado en sesiones preliminares que el supuesto soborno invalidaba la cesión, pero luego retiraron esta estrategia de defensa, en la que involucraban a Jeetkumar Gordhandas, empleado de CRF, y a Don Stevenson, de ICBC. Ambos niegan las acusaciones.

Según los alegatos iniciales del régimen de La Habana, a fines de octubre de 2019 Gordhandas se reunió con Olivera y presuntamente le entregó 200 pesos cubanos convertibles (CUC), una moneda actualmente fuera de circulación que dentro de la isla equivalía al dólar o a unos 5000 pesos cubanos. Además, de acuerdo con el relato de las autoridades cubanas, le prometió al funcionario una suma adicional de 25 000 libras esterlinas o 30 700 dólares por su ayuda para obtener o acelerar la asignación de la deuda.

Esto se hizo con el presunto conocimiento de Stevenson, con quien supuestamente había acordado el plan a principios de 2019, reportó EFE. Pero según el abogado de CRF I, “el abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves contra Gordhandas y Stevenson no tenían fundamento”.

El representante del fondo de inversión argumenta que esta estrategia de la parte cubana, junto con el encarcelamiento de la directiva del Banco Nacional involucrada en la asignación de la deuda, demuestran que las autoridades de La Habana “han estado dispuestas a fabricar pretextos (independientemente de las consecuencias) para tratar de evitar sus obligaciones con CRF”.

Por su parte, el Estado cubano y su Banco Nacional, personados en este caso en Londres, sostienen que es nula la cesión aprobada por Olivera Lozano con una sola firma (en lugar de dos) y sin la autorización previa del Ministerio de Finanzas y Precios y del Consejo de Ministros. Además, rechaza reconocer a CRF como acreedor legítimo al considerarlo un “fondo buitre” que quiere lucrar cobrando la deuda a un país en dificultades económicas.

Entre los personeros del régimen que se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia británico están el vocero Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Rodolfo Dávalos, miembro del Consejo Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) y presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil; y su hija, Lourdes Dávalos León, que reside en España y trabaja en el bufete español Uría Menéndez, donde coordina el Cuban Desk para representar a interesados en hacer negocios en la isla.