Excarcelan al activista Yerismar Velázquez tras diez meses de detención arbitraria

El preso político cubano Yerismar Velázquez Cruz fue excarcelado el 20 de enero bajo fianza y a la espera de juicio, confirmaron varios activistas en redes sociales.

El enfermero de profesión, residente en La Habana, viajó a Santiago de Cuba el 22 de marzo de 2024 y allí fue detenido antes de abordar un tren de regreso a la capital el 28 de marzo.

Las autoridades del régimen lo acusaron del supuesto delito de atentado contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir por publicar, en un estado de WhatsApp, un video de unos pocos segundos pidiendo la libertad de los presos políticos desde el Santuario de la Virgen de la Caridad, en El Cobre.

"En apoyo a los presos políticos y la libertad de Cuba, ¡patria, vida y libertad!", expresó el joven cubano vistiendo una camiseta blanca, con varias consignas como 11J y 17M.

Tras su detención, Velázquez estuvo recluido en el centro de detenciones de la Seguridad del Estado ubicado en el reparto Versalles, en Santiago de Cuba, y también en la cárcel El Caguayo, de esa misma provincia.

Su estancia en prisión deterioró significativamente su salud. Un informe de junio de 2024 del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) denunció que Velázquez "permanece encarcelado sin recibir la atención médica adecuada. Padece varios problemas de salud, como hipertensión, diabetes y episodios depresivos, lo que ha provocado un deterioro continuo en su condición. Durante al menos dos meses, Yerismar usó una sonda debido a la retención de orina. Intentaron retirarla, pero debido a que esta condición persiste por la falta de tratamiento, tuvieron que volver a colocarla".

"Hasta el momento no ha recibido un diagnóstico claro ni se ha identificado el origen de su problema, lo que ha agravado su estado anímico y físico", añadieron.

El cubano permaneció casi diez meses en prisión sin tener fecha de juicio ni petición fiscal. 

Su caso es uno de varios en la isla en los que las personas han sido apresadas por ejercer la libertad de expresión, tanto en espacios físicos como virtuales. Durante el 2024,la revista especializada Yucabyte monitoreó también otros casos en los que la tendencia fue detener y multar a activistas y ciudadanos por sus publicaciones en redes sociales.