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Ley de Migración cubana aprobaría el destierro y eliminaría límite de estancia en el exterior por 24 meses

El anteproyecto de la nueva Ley de Migración que se debate en Cuba contemplaría la posibilidad de aplicar el destierro a ciudadanos cubanos por razones de “seguridad nacional” u “orden interior”

Actualizado: June 18, 2024 7:52am

El anteproyecto de la nueva Ley de Migración que se debate en Cuba contemplaría la posibilidad de aplicar el destierro a ciudadanos cubanos por razones de “seguridad nacional” u “orden interior”, al tiempo que eliminaría el actual límite de 24 meses para residir en el exterior sin perder la condición de residente en la isla.

De acuerdo con el texto publicado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la entrada de cubanos al territorio nacional podría ser limitada o inadmitida en casos vinculados al combate del terrorismo, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de activos o tenencia ilegal de armas, así como por motivos de seguridad nacional, epidemias u orden público.  

Estas medidas de inadmisión o limitación de entrada serían notificadas a los ciudadanos cubanos cuando estén en el territorio nacional, a su arribo al país o "por otros medios apropiados".

El anteproyecto solo pone por escrito una práctica que ya el régimen implementa. En los últimos años la dictadura cubana impidió la entrada al territorio nacional de varios activistas como Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola y de periodistas como Carlos Manuel Álvarez y Karla Pérez.

Por otra parte, el anteproyecto de ley eliminaría el actual plazo de 24 meses como límite máximo para residir fuera de Cuba sin perder la condición de residente en la isla. 

En su lugar, se introduciría el concepto de "residencia efectiva migratoria", definida como la permanencia durante la mayor parte del año calendario en el territorio nacional o mediante otras evidencias de arraigo.

La propuesta legislativa requiere tener un pasaporte válido o documento de identidad para entrar y salir del país.

Además, prohíbe la salida a personas sujetas a procesos penales, pendientes de cumplir sanciones, obligaciones con el Estado u otras limitaciones por motivos de seguridad y defensa nacional.