Régimen cubano crea la figura de 'inspectores de la comunicación social'
"Estas acciones abarcan los procesos de comunicación social que tienen lugar en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales", añade la legislación
Actualizado: November 25, 2024 12:07pm
El régimen cubano creó la figura de 'inspectores de la comunicación social'. Aunque en los canales oficiales no han ofrecido mucha información sobre la labor de estas personas, subordinadas al Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), ya se muestran fotos del primer grupo de graduados, acreditados "para ejercer el control y fiscalización".
De acuerdo con el artículo 106 de la nueva Ley de Comunicación Social, en vigor desde junio anterior, estos inspectores "garantizan el control de los procesos comunicacionales que gestionan dentro de su esfera de actividad. Se obligan a colaborar y facilitar la labor de control e inspección que se realiza para evaluar el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la presente Ley y sus disposiciones normativas reglamentarias".
Jorge Legañoa, vicepresidente del IICS, publicó fotos en su perfil de X que muestran a más de una docena de inspectores recién graduados, procedentes de varias provincias del país. Además, publicó imágenes del momento en que firmaban el Código de Ética y recibían sus credenciales.
Los nuevos inspectores de la comunicación social en #Cuba firmaron el Código de Ética y recibieron las credenciales que los acreditan para ejercer el control y fiscalización en este tema.
— Jorge Legañoa Alonso (@cronicasdecuba) November 23, 2024
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.#Cuba #LeyComSocialCuba pic.twitter.com/hj1KAKpBze
La Ley establece que es el presidente del Instituto de Información y Comunicación Social quien "crea unidades organizativas y define el Reglamento para la inspección estatal a desarrollar por el organismo y cuantas otras disposiciones se re quieran para su mejor ejecución".
"Estas acciones abarcan los procesos de comunicación social que tienen lugar en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales", añade la legislación.
Entre las supuestas infracciones asociadas a la comunicación social que establece el régimen cubano en el artículo 37, destacan denegar injustificadamente u omitir la solicitud de información de los periodistas y directivos de las organizaciones mediáticas; gestionar y socializar contenidos a través de medios que no se encuentren inscritos en el registro habilitado a tales efectos; sostener el funcionamiento de un medio de comunicación social en el ámbito mediático con conceptos organizativos y contenidos que violen los límites de su perfil editorial; y brindar servicios de consultoría en comunicación social sin contar con la autorización del Instituto de Información y Comunicación Social.
Igualmente, la Ley señala que los contenidos, en ningún caso, pueden "emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social; sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país; e instigar el terrorismo y la guerra en cualquiera de sus formas y manifestaciones, entre ellas la ciberguerra", lo que evidencia su carácter restrictivo y violatorio de la libertad de expresión.
Según declaró a ADN Cuba José Raúl Gallego, doctor en Comunicación e investigador sobre temas de agendas y regulación mediática, "La Ley de Comunicación Social está diseñada para garantizar el control del régimen cubano sobre todos los ámbitos comunicativos, incluso en aquellos donde ya he perdido su hegemonía. Aunque la ley haga referencia a transparencia y otras obligaciones estatales en el manejo de la información pública, en realidad esto constituye letra muerta desde el momento en que inscribe en toda una estructura totalitaria y que la propia ley, en su artículo 5, se declara en consonancia con 'los fundamentos políticos, ideológicos, económicos, sociales y culturales' del Estado socialista. De ahí que de estos inspectores no podamos esperar nada que favorezca los derechos comunicativos de los cubanos, sino que estarán en función de los elementos punitivos, de control y censura que establece dicha regulación respecto a los contenidos, las publicaciones en redes sociales y la propia existencia de los medios de comunicación que no se encuentran bajo el control estatal".
En los comentarios a las publicaciones de Legañoa en X, varios usuarios expresaron la preocupación de que esta nueva figura de control sea otra pieza más dentro del mecanismo de censura del régimen cubano.
En la actualidad, más de 60 personas han recibido multas de 3 mil pesos cubanos por sus publicaciones en redes sociales, en virtud del Decreto-Ley 370/2018. Otros, como José Manuel Barreiro y Arony Yanko García han sido sancionados a prisión por esta misma causa. La libertad de expresión es uno de los derechos más perseguidos y violados por el régimen cubano desde su instauración, en 1959.
