The Washington Times: EEUU no debe eliminar a Cuba de lista de "patrocinadores del terrorismo"

El reciente diálogo de funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos con el régimen cubano “podría sentar las bases para eliminar la legítima designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo”, advirtió este fin de semana un artículo del influyente diario The Washington Times.

En el texto se destaca que, si bien el Departamento de Estado dice que “los diálogos con miembros de la dictadura militar de Cuba” son una forma de “mejorar la seguridad nacional de los Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional de las fuerzas del orden... y llevar a los criminales transnacionales ante la justicia”, los opositores al régimen de La Habana “no creen que esto sea posible, por lo que nos preocupa que EE. UU. pueda cometer el error de sacar al régimen de la mencionada lista”.

“No creemos que Estados Unidos pueda coordinar logística y moralmente los esfuerzos de aplicación de la ley con un estado patrocinador del terrorismo. La coordinación de los esfuerzos transnacionales de aplicación de la ley a menudo requiere compartir las capacidades de seguridad nacional de los EE. UU., lo que beneficiará a la comunidad de inteligencia de Cuba y mejorará su posición en la comunidad internacional”, advierten los firmantes del artículo de opinión.

Suscriben el texto Jeffrey Scott Shapiro, exdirector de la Oficina de Radiodifusión de Cuba de EE. UU. y miembro de la junta editorial del Washington Times; Marcell Felipe, fundador de la Iniciativa Alternativas Democráticas y Económicas para Cuba, proyecto de la Fundación Inspira América; Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana; y Johnny López de la Cruz, coronel retirado del Ejército y expresidente de la Brigada 2506 de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos.

The Washington Times consultó al Departamento de Estado sobre la posible eliminación de la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo y obtuvo una respuesta opaca: “el diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en cuestiones críticas de derechos humanos en Cuba”.

Cuando otro periodista preguntó el 13 de enero en una conferencia de prensa: “¿Cómo justifica tener este tipo de reunión sobre temas específicos de aplicación de la ley y al mismo tiempo mantener al país en la lista de terrorismo?”, recibió una respuesta similar y contradictoria, según señalaron.

“Esto sería un grave error ya que Cuba ha causado estragos en todo el Hemisferio Occidental al conspirar con Nicaragua y Venezuela para coordinar crisis migratorias masivas dirigidas a la frontera suroeste, involucrarse en el narcotráfico, espiar agencias estadounidenses y atacar a nuestros diplomáticos con armas de energía dirigida, brindó refugio a los terroristas que han cometido asesinatos en suelo estadounidense y entrenó a agentes terroristas en el extranjero”, publicó el medio citado.

Eliminar la designación de terrorismo de Cuba podría facilitar, además, que sus aliados en Moscú utilicen el régimen para eludir sus propias sanciones. Hay ue tener en cuenta que el régimen de La Habana apoyó la invasión de Rusia en Ucrania.

El sitio web del Departamento de Estado, que documenta la protección del régimen castrista al Ejército Nacional de Liberación (ELN), señala que “durante décadas, el gobierno cubano ha alimentado, alojado y brindado atención médica a asesinos, bombas y secuestradores" y "varios fugitivos estadounidenses de la justicia, buscados o condenados por cargos de violencia política, han residido en Cuba durante décadas".

En el artículo de opinión se concluye que “el régimen comunista cubano es una dictadura militar brutal y un cartel criminal preocupado solo por el poder y las ganancias”. “Estados Unidos no debe negociar con terroristas ni eliminar la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo solo porque sea conveniente hacerlo”, subrayaron los autores del texto.

En la publicación se denuncia, asimismo, el incremento de la represión policial en la isla tras las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y el encarcelamiento y acoso de la policía política a los activistas por la democracia.

Por otra parte, el Ministerio del Interior de Cuba (Minint) mencionó el jueves pasado “propuestas de colaboración” hechas a la Administración Biden durante conversaciones de alto nivel sostenidas los días 18 y 19 de enero en La Habana por funcionarios de Estados Unidos y del régimen comunista.

De acuerdo con una nota del Minint reproducida por la prensa estatal, autoridades de “los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley” de ambos países se reunieron en la capital cubana “en un clima de respeto”. Además del Ministerio del Interior, por Cuba estuvieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Aduana General.

Rosa María Payá, líder activista a favor de la democracia, criticó el diálogo entre la Administración Biden y el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.

“El pueblo cubano ha demostrado que quiere ser el protagonista de su propia historia. Nadie le está pidiendo al presidente de Estados Unidos que nos resuelva el problema, pero lo mínimo es que no ayude a los represores. Esto, sin exigir condiciones de derechos humanos, es cuanto menos irracional”, manifestó Payá en Twitter.

Paradójicamente, varios altos cargos del Ministerio del Interior que hoy se sientan a la mesa con las autoridades estadounidenses, fueron sancionados por el Departamento de Estado tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, de acuerdo con la Ley Global Magnitsky, por considerarlos “perpetradores de graves abusos contra los derechos humanos y corrupción”.

Entre los responsabilizados por la represión del 11J están el general de División Romárico Vidal Sotomayor García, jefe de la Dirección Política del Minint; el coronel Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe de la Dirección Política de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); y los oficiales Óscar Callejas Valcarce y Eddy Sierra Arias, jefe y subjefe de la PNR, respectivamente. También fue sancionada la Brigada Especial Nacional del Minint, cuyos efectivos de élite son conocidos como “boinas negras”.