Régimen cubano sobre personas que ocupan inmuebles: “Serán castigados”

El periódico Granma, vocero del régimen cubano, arremetió en un artículo contras las personas que ocupan inmuebles en la isla, ya sean propiedad del Estado o particulares.

Sin embargo, el medio oficialista hizo hincapié en aquellos que ocupan “consultorios médicos, casas sociales y otros inmuebles del Estado” y reafirmó que “las ocupaciones ilegales son consideradas delitos” y que los “culpables serían castigados”.

Según el Código Penal vigente desde hace más de un año, la ocupación ilegal de inmuebles es un delito tipificado en el Artículo 421.

Este establece que apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles ajenos, ya sea con el uso de fuerza, intimidación o discriminación, puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión o multas significativas, dependiendo de la gravedad del caso.

La norma señala que ninguna persona ajena puede ingresar a una vivienda sin autorización, salvo por mandato de la autoridad competente.

Desde el oficialismo reconocen que la crisis social y económica que atraviesa la isla contribuye al aumento de estas violaciones.

Aunque algunas personas justifican sus acciones por situaciones de vulnerabilidad social o familiar, las autoridades subrayan que estas circunstancias no excusan conductas delictivas.

Según Ileana Julia Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los delitos contra la seguridad del Estado, del Tribunal Supremo Popular, en el Dictamen No. 471 existen procedimientos específicos para abordar estos casos de ocupación ilegal.

Las medidas incluyen la intervención conjunta de la policía local y los consejos de administración municipal para desalojar a los ocupantes y permitir el retorno de los propietarios.

Además, se establecen sanciones más severas para quienes reincidan o no abandonen voluntariamente los inmuebles ocupados.

El oficialismo apuntó que el aumento de ocupaciones ilegales no solo afecta a viviendas particulares, sino también a inmuebles estatales como consultorios médicos o locales sociales.

“Estas constituyen delitos, ante los cuales las leyes penales cubanas garantizan el restablecimiento de los derechos de los propietarios, y que los culpables sean castigados”, señaló Gómez Guerra.

Crítico problema habitacional en Cuba

Según datos oficiales, hasta finales de agosto de 2024 el régimen solo había concretado el 39 % del plan de construcción de nuevas viviendas previsto para ese año, es decir, 5.262 unidades de un total de 13.492.

El pasado febrero las autoridades del régimen informaron que el déficit habitacional en la isla ascendía a 856.500 viviendas.

Debido al déficit habitacional y las condiciones precarias de millones de cubanos, cientos de personas ocupan inmuebles privados y estatales, a pesar de las amenazas del estado.

En 2023 una madre cubana, Rosa Edelis Guerra Rodríguez, de 32 años, denunció que se enfrentaba a la posibilidad de ser desalojada junto a sus tres hijos menores de edad de una vivienda que ocupó en Pueblo Nuevo, municipio de Trinidad, Sancti Spíritus.

La joven aseguró entonces que llevaba cuatro años solicitando una vivienda al gobierno local.

Desde que se instaló en la propiedad, la joven había recibido amenazas por parte de las autoridades gubernamentales y de la Policía Nacional Revolucionaria.

Los oficiales de policía le advirtieron que podría enfrentar penas de prisión de hasta cinco años debido a la ocupación de la vivienda.

Asimismo, en junio de 2022 Yohisis Águila, otra madre cubana, fue desalojada por la fuerza por la policía y las autoridades gubernamentales de un consultorio médico vacío que había ocupado junto a sus tres hijos en el municipio de Cruces, en la provincia de Cienfuegos.

"Decidí entrar en un consultorio porque no tengo dónde vivir con mis niños, que están enfermos. Hoy quieren desalojarme e imponerme una multa de 5,000 pesos. Pido el apoyo de todos y que esto se haga viral", expresó la joven a través de Facebook en esa ocasión.

Águila transmitió en directo el momento en que los oficiales llegaban al lugar para desalojarla.

Durante la transmisión, reclamó la falta de cumplimiento de las promesas del presidente Miguel Díaz-Canel, quien había asegurado apoyo a las madres con tres o más hijos.

La crisis habitacional en Cuba sigue siendo un problema grave, lo que evidencia la ineficiencia de las políticas de construcción y reparación de viviendas.

Incluso, el régimen ha reconocido que la vivienda es un problema no resuelto por la “revolución”, a pesar de las promesas hechas a la población.