Autoridades carcelarias ponen trabas durante visita de preso político

Las autoridades carcelarias de Agüica, en Colón, provincia Matanzas, pusieron varias trabas para que el preso político Samuel Pupo Martínez pudiera ver a sus hermanos y esposa en la última visita familiar de este enero.

Yuneisy Santana González, pareja del manifestante del 11 de julio, denunció en una publicación de Facebook las irregularidades a las que fueron sometidos, que les hicieron perder casi media hora de las dos reglamentarias que comprende la visita.

Los hermanos del reo fueron a verle desde Ciego de Ávila tras 18 meses sin contacto con él.

“Más de 7 horas en camino para llegar a la cárcel  de máxima seguridad (Agüica) Colón, Matanzas  y casi no pueden ni entrar, porque no estaban en la lista y había que pedir autorizo al jefe de prisión (más trabas). Algo ilógico! Hermanos de sangre, de padre y madre (los mismos apellidos), casi 18 meses sin verse de otra provincia lejana y posiblemente no puedan venir más”, denunció Santana.

La madre de Pupo Martínez no ha podido verlo desde su entrada a la prisión a causa de una condición médica que le impide caminar.

“Ahora los medicamentos no se pueden entregar el día de la visita, es el martes en atención a la poblacion (y desgraciadamente ninguna visita ni familiar ni conyugal coincide con un martes). Pero, ¿acaso no saben la situación del transporte?, no estamos hablando de llevar un refresco, ni un pan, es un medicamento que el centro penitenciario no tiene […] es su obligación cumplir con las Reglas Básicas Penitenciarias y en el caso de mi esposo con tantas enfermedades crónicas, las necesita para vivir”.

También reportó que el gramaje de las comidas diarias ha disminuido, y que en solo un mes su esposo ha perdido más de 6 kilogramos de peso.

Esta semana Santana González fue amenazada con ir a la cárcel por exigir, a través de las redes sociales, la libertad de los presos políticos y pedir a los familiares unirse a sus reclamos

Santana dijo a Radio Televisión Martí. que la policía política le advirtió la pasada semana, durante un interrogatorio al que fue citada, que podrían acusarla de "instigación a delinquir".

Pupo Martínez fue sentenciado a tres años de privación de libertad por cargos de "desórdenes públicos" y "desacato" tras participar en las protestas antigubernamentales del 11J en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Desde entonces su esposa exige su liberación, así como la del resto de los manifestantes encarcelados.