Régimen de Cuba acusa a EE.UU de "planes desestabilizadores" con el objetivo de provocar un estallido social

La dictadura comunista cubana asegura que el gobierno de Estados Unidos tiene nuevos planes de "desestabalización" contra la isla.

Según el periódico Granma estos planes han sido revelados en una reunión en la vivienda "del contrarevolucionario Marcel Felipe", en lo que parece una alusión al abogado cubanoamericano Marcell Felipe, de la Fundación Inspire America.

Según el periódico Granma las agencias de inteligencia estadounidenses han puesto en marcha una "Operación 11.7.24" con el objetivo de provocar un estallido social en la isla, similar a los disturbios de 2021, financiados y promovidos desde EE.UU.

De acuerdo con el informe, entre las metas de esta operación se encuentra "calentar" las calles cubanas durante el verano, aprovechando la compleja situación económica que atraviesa el país. Para ello, los ataques se enfocarán prioritariamente en el Sistema Eléctrico Nacional, buscando generar un mayor impacto en la calidad de vida de la población.

Además, Granma asegura que Washington ha "triplicado su presupuesto" destinado a estas acciones, gracias al senador cubanoamericano Marco Rubio. Aseguran que Estados Unidos busca el reclutamiento de delincuentes para cometer actos de terrorismo dentro de la isla, así como la manipulación de temas como las relaciones entre Cuba y Rusia, presentándolas como una vía para obtener soldados.

La dictadura acusa a la agrupación "Cuba Primero",  de estar vinculada a la preparación de acciones terroristas contra el país, y señala al influencer Manuel Milanés como uno de sus fundadores.

El órgano oficial del régimen de Cuba dice que los planes desestabilizadores  incluyen el lanzamiento, desde la Embajada de EE.UU en La Habana, del "Fondo Acelérate para Medios y Creadores de Contenido Independientes", con un presupuesto de 68,800 dólares provenientes del gobierno estadounidense.

Granma asegura que según el sitio "Cuba por siempre", este fondo tiene como objetivo producir contenido con "problemas desafiantes" en Cuba, subvencionar "medios independientes" para que "creen contenido relevante y accesible", desarrollar aplicaciones móviles u otras tecnologías para la "promoción de los valores democráticos", y financiar estudios de investigación que evalúen la situación de los medios independientes en la isla.

El gobierno comunista vincula estos supuestos planes desestabilizadores a los 25 millones otorgados a la Oficina de Transmisiones a Cuba, encargada de Radio y TV Martí, y a los programas de "promoción de la democracia" en la isla.