Régimen anuncia actualización de procedimiento de confiscación “por enriquecimiento ilícito”

Autoridades de la Fiscalía del régimen cubano anunciaron esta semana la actualización del procedimiento de confiscación, impuesto en 1994, por medio del cual el estado puede apropiarse de bienes privados y personales, atendiendo al supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”.

Según el documento publicado en el sitio web de la Fiscalía General de la República de Cuba, el procedimiento en vigor tiene “un alto nivel de obsolescencia” debido a las nuevas normas jurídicas implementadas en el país tras la aprobación de la Constitución de la República de Cuba en 2019.

La oficialidad insistió en que “urge perfeccionar su aplicación” para tomar “medidas eficaces y ejemplarizantes” contra “quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, acumulando riquezas y bienes materiales, al margen de lo legalmente establecido”.

Bajo este procedimiento, los fiscales del régimen deben demostrar la vía o fuente de enriquecimiento y la desproporción entre los ingresos lícitos percibidos por el acusado y el valor real de su patrimonio.

Esta actualización llega luego de que el dirigente comunista Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, pidiera recientemente en la Asamblea Nacional “mano dura”.

"La sanción que más le duele a la gente aquí es que le quiten las cosas. Eso más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad tal por violar la ley, porque hay que respetar las leyes de este país. Este es un país de derecho, si tienes una licencia te la quito y si sigues violando las leyes, vas a los tribunales", alertó.

En 1994, el régimen, por indicación del exdictador Fidel Castro, inició un proceso de represión contra los emprendedores privados conocidos como “macetas”. El régimen había apoyado inicialmente su crecimiento, pero luego los criminalizó y les confiscó sus propiedades. Algunos de ellos fueron encarcelados y otros se exiliaron.

A inicios de mayo de ese año, en pleno Período Especial, Castro anunció que su gobierno promulgaría un decreto-ley para confiscar el dinero y los bienes de los cubanos que se habían enriquecido “ilegalmente” en los últimos años.

La medida, según la oficialidad, buscaba combatir “el acaparamiento, el mercado negro y la evasión fiscal”. Mediante la misma se expropiaron vehículos, viviendas y electrodomésticos, cuando no se comprobaba que esos bienes habían sido adquiridos de manera legítima.

Castro advirtió entonces que esa era la primera de una serie de medidas "duras y difíciles" que su régimen implementaría gradualmente.