La cubana Mailín Sánchez, esposa del preso político Yosvany Rosell García Caso, pidió este lunes “ayuda al mundo” para denunciar “la maldad” del régimen comunista tras sentenciar al joven a 20 años de cárcel por manifestarse en Holguín, durante el levantamiento ciudadano del 11 y 12 de julio de 2021.
“Acaban de destrozar a mi familia sentenciando a mi esposo, el pilar de nosotros, a 20 años preso”, denunció Sánchez en Facebook. Añadió que la condena es una “injusticia” y pidió “al mundo ayuda por tal maldad”.
La esposa del preso político afirma que “es inocente, no cometió delito” y que “los derechos no se negocian”. En otra publicación en la red social, exigió “libertad y justicia para este padre que solo ejerció su derecho” a manifestarse.
Sánchez conoció la confirmación de la sentencia este lunes 14 de febrero, Día de San Valentín. “Qué regalo por este día, recibir tal noticia, cómo se puede ser tan malos en este mundo”, lamentó la esposa del prisionero, refiriéndose a las autoridades cubanas.
También pidió “amnistía para todos los presos políticos, justicia y libertad”. Denunció que el régimen condena por el delito de “sedición” y que “sí hay presos políticos en Cuba, no digan más que no”.
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El Tribunal Provincial de Holguín dictó sentencia contra otras 19 personas, entre ellas Miguel Cabrera Rojas, de 50 años, que también recibió 20 de privación de libertad por el delito de “sedición”. Las sanciones contra el resto de condenados, entre los cuales hay cinco menores de edad, oscilan entre 5 y 18 años de cárcel.
García Caso, de 33 años y padre de tres niños, protagonizó este mes de febrero una huelga de hambre que depuso a petición de sus familiares, quienes le pidieron cuidar su salud. El prisionero padece una hipertensión crónica desde hace diez años.
Fiscalía había pedido en un primer momento 30 años de privación de libertad para el joven cuentapropista por sumarse a las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. García Caso convocó a sus vecinos a manifestarse en la vía pública por los constantes cortes de electricidad y otras indisposiciones, por lo que primeramente lo acusaban de un delito menor, “desorden público”, aseguró la ONG de asistencia legal Cubalex.
Desde octubre, las autoridades cubanas comenzaron a imponer sanciones a personas encarceladas tras el levantamiento popular del verano de 2021, con penas que oscilan entre pocos meses y 20 años de cárcel.
Cubalex registra al menos 1377 detenciones relacionadas con las protestas. Al menos 727 personas permanecen en prisión, incluidos 15 menores de 18 años.
La Físcalía General de la República, tras más de seis meses de silencio sobre los procesos a los manifestantes, aclaró que 790 de ellos están en la cárcel con medida cautelar de prisión provisional.
Unos 55 procesados tienen entre 16 y 18 años, por lo que, según la Convención sobre los Derechos del Niño, son menores de edad. Unos 60 acusados tienen entre 19 y 20 años, y 41 se encuentran en prisión provisional. Hasta la fecha, el régimen de La Habana reconoce haber realizado 84 juicios contra presos políticos del 11J, en los que han sido sancionados 172 acusados.
