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Informe de Freedom House alerta sobre la creciente represión contra opositores en Venezuela, Cuba y Nicaragua

La ONG estadounidense difundió un informe con la lista de más de 50 naciones de todo el mundo donde se castiga la disidencia política

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Informe de Freedom House alerta sobre la creciente represión contra opositores en Venezuela, Cuba y Nicaragua

Actualizado: Fri, 08/23/2024 - 03:44

La ONG estadounidense Freedom House alertó este miércoles sobre la creciente utilización de medidas represivas a los disidentes. En la isla, donde figuran más de 50 países, destacan NicaraguaCuba y Venezuela. El documento se refiere, entre otros temas, a la restricción de libertad para circular de los opositores a esos regímenes.

Según el informe anual de la organización, las medidas coercitivas que usan incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y negación de servicios consulares. El documento, centrado en la "represión transnacional", destaca también que estas restricciones son formas de represión menos visibles en comparación con los asesinatos y secuestros que también se cometen.

 "Represión transnacional" es un término relativamente nuevo, que se comenzó a utilizar luego del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país, en Estambul, en 2018, cuando se disponía a recoger una serie de documentos para casarse con su prometida turca.

En total, de acuerdo a Freedom House, unos 55 Estados utilizan al menos uno de estos cuatro tipos de restricción a la libertad de movimiento de sus ciudadanos. El texto se apoya en entrevistas a 31 personas de Arabia Saudita, Bielorrusia, India, Nicaragua y Ruanda que están en esta situación.

El informe, disponible en la web de la ONG norteamericana, se refiere tanto a disidentes individuales como a activistas prodemocracia, como los de Hong Kong, exiliados en el Reino Unido, o a grupos enteros, como los eritreos, que viven en el extranjero. 

Uno de los ejemplos que utilizó la organización para visualizar sus resultados es el de la dictadura nicaragüense de Daniel Ortega, que solamente en 2023 despojó de su nacionalidad a 222 opositores encarcelados poco después de deportarlos a Estados Unidos. Incluso se explica que los funcionarios de ese régimen obligaron a cada uno de los opositores a firmar un formulario en el que se decía que consentían la deportación. 

Otros 94 nicaragüenses, la mayoría de los cuales vivían en el exilio, perdieron su ciudadanía y sus bienes, dice el documento. En Nicaragua las prohibiciones de viajar se extienden a familiares de opositores, que no pueden comprar boletos de avión o autobús porque el régimen comparte los datos con las empresas de transporte, añade el informe. 

Despojar de la nacionalidad es una medida extendida en Oriente Medio que, en la última década, ha afectado a cientos de personas en Bahréin, Egipto, Kuwáit y Emiratos Árabes Unidos.

De los 55 estados, al menos 40 imponen prohibiciones de salida o entrada del país, según el texto. En muchas de estas naciones, como India y Arabia Saudita, no existe un listado oficial de afectados, por lo que muchas veces, estos se enteran de la prohibición de viajar en el aeropuerto o a través de rumores.

También se expone que, a comienzos de mes, organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos condenaron los altos índices de represión y violencia en Venezuela, y exigieron a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto a los derechos de los venezolanos, "elementos esenciales" en democracia.

Las entidades firmaron un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones "arbitrarias" y la criminalización de la protesta, en un contexto preelectoral y postelectoral en el país suramericano marcado por la represión y por múltiples violaciones a los derechos humanos. 

En el caso del régimen chavista incluyen "un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet", dice Freedom House.

Como conclusión, el informe indica que "los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben condenar públicamente los controles arbitrarios de movilidad y rendir cuentas al respecto en las estrategias diseñadas para apoyar a los defensores de derechos humanos". 


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