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Alarmante incremento de violaciones a libertad de expresión y prensa en Cuba

ICLEP denuncia actos de represión, detención arbitraria de personas, vigilancia sistemática y criminalización de quienes participan en actos simbólicos de protesta en redes sociales o manifestaciones pacíficas.

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Informe 2024 ICLEP
Montaje | ICLEP reporta aumento alarmante de las violaciones a las libertades fundamentales en el país.

Creado: January 28, 2025 10:15am

Actualizado: January 28, 2025 12:47pm

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 790 violaciones en Cuba a estas libertades fundamentales durante el 2024, según su Balance Parcial, publicado hoy. 

El informe alerta sobre el alarmante incremento de incidencias de este tipo en el país: un 59.92% por encima con respecto a 2023, y apunta al régimen cubano como el responsable de casi la totalidad de estos casos.

“¿Cómo puede una nación avanzar cuando el 98.7% de las violaciones a la libertad de prensa y expresión provienen del propio gobierno que debería protegerla?, dijo en exclusiva para ADN Cuba Normando Hernández, fundador y director general del ICLEP.

El informe denuncia 121 abusos de poder estatal, 263 amenazas y ataques psicológicos , 51 encarcelados por expresarse y 179 detenciones arbitrarias. 

Según el cotejo realizado, los actos represivos por parte del estado aumentaron en un 404, 17 % con respecto a igual etapa del año anterior, “consolidando al régimen como un actor central en las violaciones de derechos humanos”, sustenta ICLEP.

La represión alcanzó a actividades religiosas pacíficas, como el caso del sacerdote Kenny Fernández Delgado, quien fue citado y amenazado por convocar a orar en parques por Cuba y Venezuela, debido a que las autoridades calificaron su iniciativa como "pre-delictiva" e ilegal. 

La violencia llegó a niveles extremos especialmente contra los presos políticos, como ocurrió con Ibrahim Domínguez Aguilar, golpeado por siete guardias en la prisión de Boniato tras su exigencia de atención médica para los reclusos, y con Yoanky Báez Albornoz, quien sufrió agresiones físicas al intentar realizar una llamada telefónica en la prisión de Combinado del Este, entre otros.

Los indicadores de agresiones físicas se dispararon en un 360%, al igual que las amenazas y los ataques psicológicos dirigidos tanto a periodistas como a ciudadanos comunes, que alcanzaron un aumento del 324 % respecto al año pasado. 

Entre los casos más alarmantes se informa el del activista y periodista independiente Omar Suárez Campos, sometido a tratamientos forzados con medicamentos que afectaron su estado cognitivo después de que denunciara la falta de agua en su provincia. 

Carlos Milanés Tejeda, periodista de ADN Cuba, también fue atacado por agentes de la policía política mientras reportaba las malas condiciones del hotel Tritón en La Habana. Durante la agresión, los agentes destruyeron su teléfono móvil, lo golpearon y lo acusaron de "contrarrevolucionario".

Asimismo, aumentó considerablemente (112.5 %) el número de ciudadanos arrestados por criticar al régimen en redes sociales o participar en protestas pacíficas.

Del total de detenciones arbitrarias, 70 fueron contra periodistas independientes, “dejando en evidencia una represión selectiva y dirigida”, sostiene el informe. 

El ICLEP destaca, además, la represión en el espacio digital, con “un refinamiento estratégico en el control y la censura, utilizando tecnologías avanzadas y tácticas focalizadas para silenciar voces críticas.”  

En este sentido, ICLEP denuncia la Ley de Comunicación Social, implementada en octubre de 2024, como un instrumento catalizador del régimen, “incrementado la censura digital y legitimando la criminalización de voces críticas”.

La organización subrayó que las violaciones a la libertad de expresión y de prensa están acompañadas por una transgresión sistemática de derechos conexos, como la libertad, integridad y seguridad personal, a la reparación efectiva y a la participación política y en la vida pública. 

Ante este panorama de violencia, ICLEP pide a organismos internacionales y defensores de derechos humanos condenar estas violaciones y tomar medidas concretas para proteger a las víctimas. 

“Este documento es un grito por justicia, un llamado a la comunidad internacional y un recordatorio de que sin libertad de expresión, no hay dignidad, no hay democracia y, ciertamente, no hay futuro", expresó a ADN su director, Normando Hernández. 


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