El año a punto de terminar, marcado por la pandemia de coronavirus y la agudización de la crisis económica y la escasez típicas de las economías controladas estatalmente de manera férrea, ha supuesto también para Cuba más represión y violaciones a las libertades y derechos humanos, políticos y civiles.
En su afán por controlar e invisibilizar las muestras de oposición, disidencia e inconformidad, más numerosas que en años anteriores por el deterioro progresivo de la calidad de vida en la isla, el régimen incluso ha empleado como pretexto o manto las medidas de aislamiento social o prevención a las que obliga la contingencia sanitaria para mantener su invariable acoso sobre opositores, activistas y periodistas independientes.
Las modalidades de represión a lo largo del año han sido idénticas a las de los anteriores, pero diferenciadas en cuanto a su duración, constancia y desparpajo. Ante el incremento de las protestas y el caldeo de los ánimos ciudadanos, los órganos represivos se han visto forzados a realizar sus acciones de manera más evidente y burda, sin amparo legal alguno como casi siempre, lo que supone para ellos y el régimen que apuntalan un escenario más desafiante en tanto cada vez la dificultad para esconder la naturaleza dictatorial del sistema es mayor.
Sin incluir noviembre y lo que va de diciembre, cuando activistas y artistas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) y el Grupo 27N han sido víctimas de continuas acciones represivas que dificultan la rápida contabilización, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha documentado en este 2020 al menos unas 1433 detenciones arbitrarias y muchas más acciones represivas, entre las que además de aquellas se encuentran golpizas, restricciones a la posibilidad de viajar fuera del país, despidos, arrestos o sitios domiciliarios y denigraciones públicas mediante actos de repudio.
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Asimismo, hasta este 1 de diciembre suman 134 los cubanos presos por motivos políticos, según el balance de la ONG Prisoners Defenders. Cinco de ellos fueron condenados en noviembre, siendo emblemático el caso del joven rapero aficionado y contestatario Denis Solís González, acusado de desacato y sentenciado a ocho meses de cárcel tras un juicio sumario y sin garantías legales.
El caso de Solís González detonó protestas y manifestaciones pacíficas de miembros y simpatizantes del MSI, mismas que, ante la represión por parte del régimen, devinieron en el acuartelamiento de 15 activistas, artistas y periodistas independientes en la sede del movimiento, en Damas 955, la Habana Vieja.
Como parte del acuartelamiento, varios de los manifestantes protagonizaron una huelga de hambre, algunos también de sed. La manifestación fue reprimida y desalojada por la fuerza la noche del 26 de noviembre, hecho que motivó que centenares de cubanos se aglomerasen el día después en el Ministerio de Cultura para exigir la apertura de un canal de diálogo con el gobierno que condujese al cese del hostigamiento y la represión contra el MSI, así como el respeto íntegro a las libertades de creación artística y expresión, y otros derechos y libertades individuales.
Un enero de ‘regulados’
De acuerdo con las estadísticas del OCDH, ONG con sede en Madrid y una red de observadores y colaboradores desplegada en Cuba, en enero hubo al menos 196 detenciones arbitrarias contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes.
Detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales fueron algunas de las manifestaciones de la policía política cubana en ese mes, según se lee en el informe de la organización correspondiente al mismo.
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Como elemento destacable dentro del habitual clima represivo, silenciado permanentemente por los medios oficialistas y pretendidamente públicos, en enero el gobierno cubano impidió la salida del país a 14 personas, entre ellas los dirigentes opositores Eduardo Cardet y Manuel Cuesta Morúa, y los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez Lobaina.
Un circo judicial y más detenciones
Febrero de 2020 fue el mes de la farsa judicial contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, a quien el Ministerio de Justicia tachó de “delincuente” incluso antes de iniciar la vista.
Fue un juicio sin garantías y sin presencia de ningún otro personal salvo autoridades y familiares, celebrado además bajo un estricto despliegue policial y represivo en la ciudad de Santiago de Cuba.
Asimismo, en febrero se registraron al menos 256 acciones represivas contra activistas de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, entre ellas 148 detenciones arbitrarias y violentas.
Hubo nuevos impedimentos de salida del país, entre los cuales destacó la prohibición al opositor Guillermo Fariñas de asistir al Parlamento Europeo.
Multas, amenazas y cercos, un marzo “gris”
En medio de la pandemia de coronavirus, el régimen incrementó su acoso y represión habitual contra opositores y activistas durante marzo. Hasta ese entonces, el tercer mes despuntó como el más represivo del año, con al menos 251 acciones represivas, de las cuales 192 fueron detenciones arbitrarias y 27 citaciones policiales contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente.
Ello, de acuerdo con los reportes del OCDH, que ponderó como las acciones represivas más utilizadas por el gobierno cubano a las detenciones con violencia, multas y amenazas, y en menor medida actos de repudio, agresiones, golpizas y sitios de viviendas.
Periodistas independientes y críticos en la mira
Durante abril, el régimen siguió aprovechándose de la contingencia sanitaria para hostigar y reprimir a periodistas independientes y activistas. Yoe Suárez, Leydis Despaigne, Camila Acosta y Mónica Baró son sólo algunas de sus víctimas, las cuales fueron amenazadas por su labor informativa y en algunos casos conducidas a interrogatorios cuyo único fin es intimidar.
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Pese al aislamiento domiciliario imperante durante el cuarto mes del año, el OCDH pudo documentar 157 acciones represivas, de las que 88 fueron detenciones arbitrarias. Además, se produjeron 32 citaciones, dos de las cuales terminaron con una detención), actos de acoso a activistas y suspensiones del servicio de internet.
Un mayo con un mensaje claro: cero tolerancia al disenso
Mayo inició con un mensaje claro del régimen cubano a activistas de derechos humanos, opositores y defensores de un auténtico respeto a las libertades políticas y civiles: no hay ni habría tolerancia en Cuba para una oposición política abierta ni para legítimos reclamos ciudadanos que pusieran en entredicho cualquier mandamiento del Partido-Estado-Gobierno.
El mensaje fue enviado mediante la detención arbitraria por más de 48 horas del activista Enix Berrio Sardá, a quien también mantuvieron incomunicado durante ese tiempo por haber presentado a fines de abril una solicitud para que la Asamblea Nacional del Poder Popular, el pretendido parlamento del régimen, declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370.
Dicho artilugio del gobierno cubano regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla e impone fuertes limitaciones a la libertad de expresión. Berrio Sardá fundamentó su petición contra el mismo en el derecho constitucional a presentar quejas y peticiones.
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No obstante, el régimen reprimió con fuerza su “osadía” y, además de detenerlo, lo amenazó bajo el pretexto de que había violado el distanciamiento social al acudir a la oficina de atención al ciudadano de la Asamblea.
Aparte del ilustrativo caso de Berrio Sardá, durante mayo se produjeron al menos otras 66 detenciones arbitrarias y 74 actuaciones represivas de otro tipo, como actos de acoso mediante citaciones policiales. Asimismo, se impusieron multas a opositores y activistas bajo lo decretado en el Decreto Ley 370.
Represión y castigo a críticos de la violencia policial y el racismo
Junio fue un mes de intensa represión y acoso contra activistas independientes y periodistas en toda Cuba para intentar evitar, o silenciar, las protestas pacíficas contra la violencia policial y el racismo, convocadas tras la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía.
Tal y como relató el OCDH, el martes 30 de junio la policía política y las diferentes dependencias del Ministerio del Interior comandaron “un ostentoso operativo policial a nivel nacional que incluyó … al menos 78 detenciones arbitrarias y 146 activistas sitiados en sus casas bajo vigilancia policial”.
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“También se reportaron amenazas, citaciones, otros tipos de hostigamientos y cortes de internet”, agregó la ONG en su reporte al respecto, donde contabilizó para el sexto mes del año 437 acciones represivas, entre ellas 161 detenciones arbitrarias, 28 citaciones y 16 sanciones relacionadas con el Decreto-Ley 370, que amenaza con multas y prisión a los activistas y periodistas independientes por sus publicaciones en internet o sitios extranjeros.
Julio, auge de los sitios de viviendas o arrestos domiciliarios
En julio, el régimen consolidó un nuevo patrón represivo contra activistas, opositores y periodistas independientes, consistente en sitiar y mantener bajo vigilancia policial las residencias de los mismos para impedirles salir a las calles y hacer uso de su libertad de tránsito.
Así lo denunciaron el Observatorio y otras organizaciones de la sociedad civil, que contabilizaron más de 300 acciones represivas y cerca de un centenar de detenciones arbitrarias.
Respecto a los sitios de domicilios o arrestos domiciliarios, el OCDH afirmó que, si bien no es un mecanismo novedoso, pues se ha empleado de manera continua durante los últimos años, sí se pudo observar a partir de julio de este 2020 “una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por el Covid-19”.
“Es por ello que lo identificamos como un patrón. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria”, analizó la ONG.
Las acciones de sitio en julio sumaron 72, 17 más que en el mes precedente y 28 más que en febrero, mes anterior a la llegada de la pandemia a Cuba y en el que ya se habían documentado 44 acciones de este tipo.
Un agosto más caluroso de lo habitual
En agosto de 2020 la temperatura social en Cuba estuvo tan elevada como la meteorológica, lo cual configuró un mes más caluroso de lo habitual. Muestra de ello fueron las 408 acciones represivas, 111 de las cuales fueron detenciones arbitrarias, 24 con violencia por parte de la policía.
Durante el mes se confirmó el patrón represivo de retener o sitiar en sus casas a los activistas de derechos humanos y periodistas independientes, y fueron frecuentes también las amenazas, citaciones policiales, multas, golpizas, decomisos y allanamientos.
Septiembre de récord
En el noveno mes de este 2020, los órganos represivos del régimen rompieron sus récords del año hasta ese entonces y ejecutaron unas 636 acciones represivas contra la sociedad civil y la oposición, siempre según el balance del OCDH.
Entre esas acciones hubo 221 detenciones arbitrarias y numerosas amenazas, multas, golpizas, allanamientos y citaciones. Destacó en esa tónica represiva el caso del rapero Maykel “Osorbo” Castillo, miembro del MSI, al que cerca de una docena de efectivos la policía política y la Seguridad del Estado detuvieron a golpes.
Ello, luego de que el artivista se cosiese la boca a finales del mes anterior como modo de protesta por el acoso de la policía contra él y su familia.
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También en septiembre trascendió la detención e interrogatorio de Abraham Jiménez Enoa, columnista de The Washington Post, al que la Seguridad amenazó con la cárcel si seguía escribiendo para el prestigioso rotativo estadounidense.
Previo al interrogatorio, que duró cerca de cinco horas y concluyó con la amenaza de un caso judicial por supuesta “usurpación de funciones”, los represores lo desnudaron para registrarlo”.
Otro caso emblemático del mes fue el del médico Alexander Raúl Pupo Casas, quien recibió amonestaciones en su centro laboral y ataques por criticar en redes sociales los bajos salarios de los profesionales de la salud, la falta de libertad de expresión y los injustos contratos de las misiones médicas.
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Por hacer uso de su libertad de expresión en redes sociales, Pupo Casas se vio forzado a renunciar a su puesto en un hospital de Las Tunas, donde hacía la residencia en la especialidad de Neurocirugía.
Octubre y su triste anuncio de cierre de año. ¿2021?
La oleada represiva del régimen durante los dos últimos meses de este 2020, a raíz de la protesta del MSI y los reclamos del Grupo 27N, tuvo su explícito anuncio en octubre, cuando se produjeron al menos 11 actos de repudio, 152 detenciones arbitrarias y un total de 544 acciones represivas.
La red del OCDH también documentó en octubre al menos 214 casas sitiadas por la policía, y centenares de casos de amenazas, hostigamientos, golpizas, citaciones y multas. Todo ello, con el caso cumbre de la desaparición forzada y posterior sentencia a Denis Solís por encarar a un oficial de la policía que invadió su hogar sin orden judicial alguna, propició el actual escenario de protestas o muestras de inconformidad popular que son reprimidas de manera inmediata o amenazadas preventivamente con una abundante presencia de efectivos policiales y militares en las calles.
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Cuando sólo días restan para el término del año, y luego de que el régimen diera un portazo a la posibilidad de diálogo que le demandaba parte de la sociedad civil independiente, los augurios para el 2021 en Cuba no son nada halagüeños.
El país encara su llamado ordenamiento monetario y cambiario, un proceso atravesado por el riesgo de una inflación elevada dada la crisis de oferta o aguda escasez de alimentos y artículos de primera necesidad. Pronósticos lógicos apuntan a que las muestras de molestia ciudadana no cesarán, por lo que, ante la falta de voluntad de diálogo o democratización del régimen, es de suponer que tampoco lo harán las de represión.
