El 2019 fue un año importante para la ciudadanía cubana. Dentro de los estrechos límites que permite un Estado de corte totalitario, diversos sectores y actores sociales buscaron formas de visibilizar sus causas y reclamos. Una de ellas fueron las cartas y peticiones colectivas dirigidas a las autoridades cubanas.
Algunas hacían referencia a situaciones puntuales, mientras que otras abordaban preocupaciones de larga data que afectan a los cubanos. Como punto común, todas exigieron la defensa de derechos humanos básicos en temas relacionados con el racismo, la violencia de género, la libertad de expresión, la discriminación ideológica, la libertad religiosa, política, entre otros.
En la mayoría de los casos, el Gobierno cubano y sus instituciones asumieron ante las peticiones la misma posición: no responder. Sin embargo, las misivas y reclamos sirvieron para visibilizar temas de importancia, movilizar opinión pública, crear conciencia ciudadana y en algunos casos, obligar a que el gobierno incluyera el tema dentro de su agenda, aunque no siempre con los resultados deseados.
ADN Cuba comparte el siguiente resumen de doce cartas y peticiones colectivas dirigidas a las autoridades cubanas en este año que termina, hechas públicas a través de redes sociales y medios de prensa independientes.
1- Petición para eliminar los aranceles de la Aduana a las donaciones enviadas a los damnificados del tornado en La Habana
El tornado que arrasó con parte de La Habana el 27 de enero de 2017 provocó una ola de solidaridad sin precedentes por parte de cubanos residentes en el exterior. La masiva respuesta a las campañas de acopio de recursos pronto chocó con las limitaciones para hacer llegar de manera personal los recursos al país. Ante esta situación, un usuario que se identifica en las redes como Khálix Pedro lanzó una petición en la plataforma Change.org solicitando al gobierno de la Isla “Permitir la entrada de donaciones para los cubanos y eliminar los aranceles de aduana”. En muy poco tiempo la solicitud superó las 42 mil firmas.
Días después del paso del tornado, el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera dio una serie de orientaciones para canalizar centralizadamente a través de esa institución la ayuda enviada desde el extranjero. Los aranceles de la Aduana a las donaciones no fueron retirados, el mecanismo puesto en práctica no resultó del todo viable y las personas tuvieron que seguir mandando las ayudas de manera personal, con mayor costo y sacrificio.
2- Petición para autorizar la existencia de Snet y redes similares
La publicación de las resoluciones 98 y 99 del 2019 del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) dejó claro que a partir de su puesta en vigor, redes comunitarias como la Street Network (SNET) pasarían de la alegalidad a la ilegalidad.
Ante tal peligro, usuarios de Snet iniciaron un proceso de negociación con funcionarios de este organismo con la intención de salvar la “red de la calle”. También en el mes de junio hicieron pública una petición en Change.org pidiendo al MINCOM que “autorice la existencia de redes como SNET en Cuba. La solicitud fue respaldada por casi tres mil personas. Sin embargo, el MINCOM no modificó su posición. A pesar de las protestas que se generaron en los próximos meses, se continuó con la política de que las redes inalámbricas comunitarias fueran absorbidas por los Joven Club de Computación y Electrónica.
3- Carta por la liberación del periodista Roberto Quiñones
El 13 de agosto de 2019, varias instituciones internacionales y de la sociedad civil cubana, medios de comunicación independientes, activistas, periodistas y académicos de Cuba firmaron una carta exigiendo al gobierno cubano el respeto de los derechos del periodista de Cubanet, Roberto Quiñones.
Una semana antes Quiñones había sido sentenciado a un año de cárcel. Fue acusado de “resistencia y desobediencia” luego de ser arrestado por entrevistar a la hija de los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, condenados por intentar educar a sus hijos fuera del sistema escolar cubano.
La carta, además de denunciar las irregularidades del proceso contra Quiñones y el trasfondo político del mismo, exigía también el cese de la represión contra activistas y periodistas, respeto a la libertad de expresión y de reunión, así como “adoptar las medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial”.
A pesar de que organizaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras, han reconocido que la condena a Quiñones se debe a su trabajo como periodista, más de 100 días después continúa encarcelado en una prisión de Guantánamo.
4- Carta por el cese de discriminación ideológica en universidades cubanas
A raíz de un polémico texto de la viceministra primera del Ministerio de Educación Superior (MES), un grupo de 14 profesores universitarios dirigieron una carta al Gobierno cubano.
En la misiva, además de denunciar la apología a la discriminación hecha por la funcionaria, los docentes expresaron su preocupación por “el aumento de medidas discriminatorias y punitivas hacia profesores y estudiantes por motivos políticos” y reclamaron al gobierno cubano “el cumplimiento de la legalidad de nuestro país, los protocolos y pactos internacionales de los que es parte y que honre sin distinciones, ni condicionamientos, los principios humanistas en los que debe fundarse la educación superior”.
El 31 de agosto la carta fue publicada en la plataforma Change.org y en solo una semana fue rubricada por casi 4 mil personas, incluyendo destacadas personalidades del arte, la academia y el deporte en la Isla. Hasta el momento, el único pronunciamiento oficial sobre la petición, lo hizo José Ramón Saborido, ministro del MES en el programa de televisión Mesa Redonda cuando llamó “grupito” de mercenarios, cubanólogos e ingenuos a los firmantes de la carta, a la cual calificó como “agresión”.
5- Carta abierta por el regreso a la docencia del profesor René Fidel González
Pocos días después de publicarse la carta de los profesores, un grupo de egresados de las universidades de Oriente y Holguín, suscribieron una misiva titulada “La Cuba que queremos”.
El documento, dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel, solicitaba el regreso a la docencia del profesor René Fidel González García, expulsado de la Universidad de Oriente en 2016 por motivos ideológicos. En la carta se acusa a Martha Mesa Valenciano, actual viceministra primera del MES y entonces rectora de la Universidad de Oriente, de abusar de su autoridad para despojar a René Fidel de su condición de Profesor Titular y orquestar su expulsión del centro.
Poco tiempo después, la Universidad de Oriente publicó una declaración que tras narrar su versión de los hechos confirmaba el carácter político de la expulsión del profesor y señalaba que: “Lamentablemente, algunas personas se han solidarizado con una versión de los hechos desafortunadamente mal contada y manipulada por René Fidel González García”.
6- Carta de periodistas y comunicadores independientes exigiendo garantías a la libertad de prensa y expresión
El 16 de septiembre de 2019, 55 periodistas, investigadores y comunicadores independientes publicaron una carta abierta dirigida al Gobierno y pueblo de Cuba. Después de describir la situación hostil existente en el país para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, exigieron “el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba; la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales libertades; el establecimiento de garantías jurídicas para ejercerlas, que deberán incluir leyes de transparencia y protección de fuentes; y la liberación inmediata de Roberto de Jesús Quiñones Haces”.
La carta fue colocada en la plataforma Avaaz y en solo dos días recogió más de mil firmas.
7- Declaración de medios independientes cubanos
Pocas semanas después de la carta anterior, firmada por periodistas, activistas y comunicadores, una veintena de medios cubanos no oficiales publicaron una declaración, fijando por primera vez, de manera oficial, una posición común sobre temas puntuales como libertad de prensa, acceso a la información y protección.
Aunque la declaración no está dirigida al Gobierno cubano, sí le exige directamente la legalización de los medios de comunicación no estatales, la derogación de las normativas que coartan la libertad de expresión, el ejercicio de la transparencia por parte de las autoridades, la protección a los periodistas para el cumplimiento de sus funciones y la no discriminación por motivos del ejercicio de la profesión.
La declaración tuvo gran repercusión mediática en medios no oficiales cubanos y a nivel internacional. Sin embargo, no hubo ningún tipo de pronunciamiento o respuesta del Gobierno cubano. Al día de hoy continúan y se han agudizado las violaciones denunciadas en el documento, a la par que siguen sin cumplirse las exigencias realizadas.
8- Petición de Ley sobre el derecho de las personas con discapacidad
El 16 de octubre, seis miembros de la Red de Cultura Inclusiva —asociación cubana sin ánimo de lucro y sin personalidad jurídica— dirigieron formalmente una carta al presidente Díaz-Canel. El objetivo de la misma era solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) la promulgación de una Ley especial “que proteja, promueva y asegure el pleno ejercicio de los derechos de las personas en condición de discapacidad y disponga la creación, por el Estado, de las condiciones requeridas para la rehabilitación de estas personas, el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal así como su inclusión y participación social”.
El documento fundamenta su petición sobre la base de las limitaciones que tiene el país en materia de legislación y atención a las personas con discapacidad. Solicita que la referida ley tenga en cuenta las recomendaciones hechas a Cuba en la XXI Sesión del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra, Suiza. Entre sus reclamos incluye “Que se garantice que las asociaciones dedicadas a la atención de las personas con discapacidad no estén politizadas ni presenten en sus estatutos condicionamientos de ninguna ideología”.
La petición fue entregada por los canales establecidos a varias organizaciones e instituciones del país, entre ellas la ANPP, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
9- “Cuba precisa el bien”. La carta de los siete
La carta, dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel y al Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, fue firmada por siete intelectuales cubanos. El documento denunció el hostigamiento a la familia Rigal-Expósito “por ejercer el derecho (consagrado en el Artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) de dar a sus hijos una educación acorde a sus principios y valores”.
Los firmantes de la carta exigieron “el fin de las agresiones” contra esta familia y la descentralización de la enseñanza en Cuba a todos los niveles. Denunciaron que varios presidentes de denominaciones protestantes fueron impedidos de asistir a un evento sobre libertad religiosa en Washington y pidieron el cese de la práctica de prohibir viajar a personas por motivos ideológicos (los regulados). También demandaron al Estado “respetar, garantizar y proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y reconocer a los ciudadanos, instituciones no estatales y asociaciones la libertad de prensa.”
Según dijo a ADN Cuba, Yoe Suárez, uno de los siete firmantes, no han recibido ningún tipo de respuesta. Aunque tampoco la esperaban. El objetivo era “hacer saber el sentir de un grupo de intelectuales sobre cuestiones muy puntuales del estado de cosas en Cuba”.
10- Carta de la Alianza Afrocubana a presidente del ICRT
El 29 de octubre el espacio televisivo “Con dos que se quieran” transmitió una entrevista a Miguel Cabrera, Historiador del Ballet Nacional de Cuba. En la misma, para resaltar el trabajo de esa institución, Cabrera utilizó una serie de expresiones racistas que causaron inmediata molestia en parte de la población cubana.
Al día siguiente, el activista Raúl Soubblet, coordinador de la Alianza Afro-Cubana, dirigió a nombre de ese proyecto independiente una carta a Alfonso Noya, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). En la misma, exigían “que se cumpla el artículo 42 de la Constitución vigente que proscribe la discriminación por el color de la piel y otros tipos de discriminaciones” y que se ofreciera una disculpa pública a través de los medios de comunicación.
Casi un mes después, un artículo del diario Granma hizo alusión tangencialmente al contenido racista de las palabras de Cabrera y al día siguiente, en una reunión del Consejo de Ministros se anunció la creación de un Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial. Sin embargo, según comentó Soubblett a ADN Cuba, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta oficial a la carta.
11- Carta exigiendo la liberación de José Daniel Ferrer y otros miembros de UNPACU
Casi un mes después del encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer, veinte de los condenados por el gobierno cubano durante la Primavera Negra de 2003, firmaron una carta colectiva expresando “su repulsa por el encarcelamiento de Ferrer y demandando “al régimen cubano su inmediata puesta en libertad”.
La carta hecha pública el 30 de octubre está dirigida “a personalidades e instituciones internacionales”, pero interpela directamente al gobierno cubano exigiendo la liberación de Ferrer junto el resto de sus compañeros, “de todos los prisioneros políticos cubanos y el cese inmediato del acoso contra su familia y los integrantes de UNPACU”.
Varias organizaciones internacionales expresaron su preocupación por el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), a lo cual el gobierno cubano respondió con una campaña mediática en la que acusó a Ferrer de “mercenario” y de estar detenido por delitos comunes. En la actualidad, José Daniel Ferrer continúa detenido y en espera de juicio.
12- Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género
Una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género, firmada por 40 ciudadanas cubanas, fue entregada el 21 de noviembre a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En la petición se expresa la preocupación de las firmantes “por la persistencia de la violencia de género en el país”. Por ello solicitaron la elaboración de una ley transversal que no solo sancione delitos, sino que también cree las bases para la implementación de un sistema integral de prevención y atención, que eduque a la ciudadanía en una vida sin violencia de género.
La solicitud ha sido firmada hasta el momento por casi 900 personas y tuvo una amplia visibilidad en medios cubanos independientes; no así en la prensa oficial. Incluso, el presidente Díaz-Canel dijo ante la ANPP que debían prepararse para “legislar sobre temas trascendentes por su alta sensibilidad, que incluye algunos que han sido motivo de preocupación por diversas personas” y entre ellos mencionó a la violencia de género.
Sin embargo, en el cronograma legislativo hasta 2028 publicado por medios independientes y aún sin confirmación oficial, no aparece incluida la Ley contra la Violencia de Género. Al conocer esta omisión, varias de las activistas que firmaron la solicitud inicial expresaron en redes sociales su molestia y decepción.
