Activistas opositores exigieron hoy una ley que proteja a las personas con discapacidad, libre de mediaciones políticas y acorde con la convención de Naciones Unidas para los derechos de estas personas en una carta dirigida al gobierno cubano.
En entrevista concedida a RadioTelevisión Martí, la Red de Cultura Inclusiva declaró que en Cuba no exista una normativa adaptada a las estipulaciones de la ONU. Además, para formar parte de organizaciones como la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) y la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) se toman en cuenta criterios políticos e ideológicos.
“La discriminación política, de estirpe ideológica, está presente en los estatutos de estas organizaciones porque establecen que las personas con discapacidad que van a integrar su membresía tienen que defender a la Revolución Cubana y al sistema socialista”, aseguró Juan Carlos Linares, presidente de la Red.
Los estatutos de la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores (ACLIFIM) aprobados por el IV Congreso de la agrupación en 2006, establecen entre los deberes de sus asociados “apoyar decididamente cualquier actitud que adopte la Asociación en defensa de la Patria y en la preservación de los derechos conquistados por nuestra Revolución Socialista”.
En el octavo Congreso de la ANCI, celebrado a principios de diciembre de este año, el presidente Miguel Díaz-Canel ratificó dicha política discriminatoria al asegurar que “la Revolución continuará defendiendo y propiciando la incorporación de ustedes (los discapacitados) a la vida ideológica, económica y social de la nación”.
Las razones de fondo por las cuales la Red pide una ley mejorada y más inclusiva tienen que ver con el medio ambiente donde viven los discapacitados. Cuba se ha quedado rezagada en comparación con otros países del continente en la adaptación de la arquitectura urbana a los discapacitados. Faltan rampas, elevadores, señalizaciones para las personas sordas o déficit de audición; en los semáforos, pisos táctiles para guiar a las personas invidentes, entre otros adelantos tecnológicos.
La Red de Cultura Inclusiva igualmente instó al reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de los discapacitados, pues según dijo linares, la legislación actual no subraya los derechos específicos de los discapacitados.
De igual manera, afirmó que este sector de la sociedad se encuentra desprotegido, al no contar con una ley que unifique los contenidos que versan sobre discapacidad en distintos códigos y que regule de manera específica y suficiente sus derechos.
“Estos mismos cuerpos legales no utilizan un lenguaje y terminología acordes a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, explicó Linares.
La Red también recordó al Estado cubano que han pasado más de 10 años desde que Cuba firmó y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y aún no ha promulgado una ley que los proteja.
