Hasta un año de cárcel y 320 dólares de multa —8000 pesos en moneda nacional— recibieron como castigo los coleros y revendedores en Guantánamo, sanciones a todas luces exageradas, según se desprende de informaciones ofrecidas por las autoridades de esa provincia oriental de Cuba.
Según Radio Guantánamo, en agosto se ejecutaron más de 150 procesos penales; en 60 se aplicaron multas de entre 200 y 8000 mil pesos, trabajo correccional con y sin internamiento, decomiso de bienes y encarcelamiento de hasta un año.
Orleidis Asín, jefa de asuntos penales de la Fiscalía General de la República aseguró que cuatro administradores de establecimientos del Comercio enfrentan procesos penales por “especulación y acaparamiento”, por ser abastecedores de grandes cantidades de productos a revendedores, rubros que en algunos casos provenían de los normados para la canasta básica.
Desde el pasado 3 de agosto en Guantánamo se crearon más de 160 grupos de operación de enfrentamiento a coleros y revendedores, integrados por federadas, cederistas, estudiantes, miembros del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarios y de la Central de Trabajadores de Cuba.
Las medidas represivas del régimen se han intensificado en los últimos meses debido a la escasez de productos, que provoca mayor tráfico en el mercado negro, y como prevención contra posibles estallidos sociales. También se han impuesto más multas y otras penas contra quienes incumplan las normas para mantener el distanciamiento social contra el coronavirus.
Sólo en junio, en la misma provincia de Guantánamo, se procesaron 192 personas por incurrir en transgresiones relacionadas con la propagación de epidemia y otras conductas delictivas asociadas.
Por otro lado, se les impuso multas por el mal uso o ausencia de mascarilla a más de 10 000 ciudadanos, de acuerdo a una información emitida en aquel momento por el periódico oficialista Sierra Maestra.
Las llamadas acciones profilácticas de la policía del régimen en medio de la pandemia, se encaminan a multar e incriminar a los ciudadanos ante cualquier acción aparentemente irresponsable.
Las autoridades policiales han aprovechado el contexto de la crisis sanitaria para llenar las arcas del estado a costa de lo pobladores. Mientras, no se garantiza la cobertura de los suministros indispensables y condiciones en los hospitales y centros de aislamiento, aspectos que sí contribuyen considerablemente en la propagación del virus.
