Las fuerzas policiales del régimen cubano decomisaron casi 400 sacos de cemento y un camión lleno de paquetes de ropa en la provincia de Villa Clara.
Según la televisión estatal, con esta acción el Ministerio del Interior “desarticuló dos negocios ilícitos” que atribuyen al desvío de esos recursos de entidades gubernamentales.
En otro reportaje de “escarmiento público”, que muestra el enfrentamiento del régimen contra las ilegalidades en tiempos de la pandemia, fuentes oficiales afirman que en ambos hechos de corrupción fueron utilizados medios de transporte pertenecientes a empresas estatales.
El reporte trasmitido por los noticieros de la Televisión Cubana este jueves, informó que luego de “una denuncia telefónica” las autoridades policiales del municipio villaclareño de Cifuentes, detectaron que un ciudadano descargaba hacia su vivienda 100 sacos de cemento.
En el interior del inmueble encontraron otros 292 sacos, que eran trasladados desde varios centros de venta de materiales de la construcción en la provincia.
Según la primer teniente Deny Hernández Pérez, instructora penal de Unidad Provincial de la Policía de Villa Clara, dijo que el detenido declaró que “el cemento lo quería para construir su vivienda y que los papeles [de compra] los tenían las personas a las que le había comprado los sacos, unos [choferes] tractoristas del municipio”.
En el reporte audiovisual se puede observar que la casa del acusado está en malas condiciones y es completamente de tablas de madera.
La televisión de propaganda estatal hizo referencia, además, a la detención de un camión perteneciente a una empresa del Ministerio de la Construcción con sede en La Habana, que viajaba lleno de ropa con destino al municipio de Placetas, en Villa Clara.
El conductor alegó no conocer el origen de la mercancía ni el punto final de su viaje. Solo sabría el lugar de la entrega luego de una llamada telefónica cuando estuviera en Placetas. Para realizar la operación por la cual recibiría unos 400 CUC (equivalentes en Cuba al dólar), el chofer falsificó tres facturas.
“Ambos casos permanecen en investigación con el objetivo de determinar otros implicados y las responsabilidades administrativas de quienes no controlaron el uso de transporte estatal para hechos ilícitos”, asegura el reportero oficialista.
A mediados de esta semana, casualmente otra “denuncia telefónica” fue el detonante de una operación policial en Villa Clara mediante la cual decomisaron 436 cajas de jugo, 120 litros de aceite, 234 cajas de refresco, 538 pomos de ron y más de mil paquetes de confituras, entre otros productos.
Dos viviendas, de acuerdo a la información ofrecida por la televisión estatal, funcionaban como depósitos de mercancías para posteriormente abastecer a cinco puntos de venta en la ciudad. Se detalla además que “cuatro ciudadanos fueron detenidos y se encuentran bajo proceso penal”. Las autoridades implicadas aseguraron que durante el interrogatorio los detenidos “se declararon culpables y explicaron que habían comprado los productos en las Tiendas Recaudadoras de Divisas y en Unidades Gastronómicas”.
Estos reportes de prensa dan seguimiento a la indicación del gobierno cubano de perseguir los acaparamientos de alimentos en medio de la pandemia y escarmentar en los medios de comunicación estatales.
