Dos personas fueron sancionadas este lunes por el Tribunal Popular del municipio Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, por el robo de “poco más de 280 libras de papa destinadas a la canasta básica familiar normada”, que los acusados se habrían llevado de una tienda de víveres o bodega estatal.
La “justicia revolucionaria” no descansa ni en tiempos de coronavirus, al menos ese parece ser el mensaje que quiere dar el gobierno con “juicios ejemplarizantes” que llegan a la prensa estatal para mostrar mano dura con quienes cometen corruptelas, sobre todo si el hecho está relacionado con los exiguos abastecimientos que el Estado le deja a la población.
La maquinaria de propaganda gubernamental, morosa en informar, menos investigar casos mayores, ahora se puso en marcha con este hecho sin dudas condenable, pero cuya difusión es un desvío de las miradas sobre la mala práctica gubernamental, en momentos en que creen pertinente desviar la atención de su mala gestión de crisis.
El periódico del Partido Comunista en ese territorio informó que los implicados fueron hallados culpables de “delito de apropiación indebida”.
Ocurrió en la bodega de racionamiento “La Cascada”, ubicada en la calle Independencia No. 199, frente al cuartel de bomberos de la ciudad. La líder del atraco no es otra que la propia administradora de la bodega y “un ciudadano ajeno a ese centro laboral” que la ayudó, sobre quienes el medio no reveló más detalles.
Según el periódico oficial, la bodeguera fue condenada “en la Causa 9 de 2020 a un año de privación de libertad subsidiado con trabajo correccional con internamiento, mientras el sancionado recibió ocho meses”.
A la administradora se le impuso, además, “una sanción accesoria de privación temporal de derechos, por lo cual no puede ejercer cargos de ningún tipo durante dos años”.
La sustracción de las papas ocurrió en la mañana del domingo 29 de marzo, cuando el hombre condenado, por orientación de la bodeguera, trasladó seis sacos del “preciado tubérculo” (sic) en un carretón de caballo, según el periódico “con el fin de repartirlos entre la vivienda de la sancionada, de las dependientas de la bodega y la suya propia”.
El relato oficial cuenta que cuando la carreta salía de las inmediaciones de la bodega con el cargamento “fue detectado por un oficial del Departamento Técnico de Investigación (DTI) del Ministerio del Interior, quien procedió a su detención y posterior investigación del hecho”.
“La Fiscalía será enérgica con los hechos delictivos relacionados con el desvío de productos alimenticios”, advirtió Naivi Hernández Cardoso, fiscal jefa de Camajuaní.
Además, mostrarán mano dura con el robo de “combustibles, materiales de la construcción”, y con lo relacionado con la pandemia del coronavirus, que explicó vagamente como un tema “contemplado como delito de propagación de epidemias para quienes padezcan la enfermedad y se rehúsen a ingresar, y también para los sospechosos negados a ser internados” en los precarios centros de aislamiento.
Sobre el robo de las papas, la licenciada en Derecho explicó que luego de analizarse todas las pruebas realizadas por la Policía y dirigidas por la Fiscalía, “se constató la participación de los acusados en los hechos, además de la confesión de los mismos, entre otros elementos probatorios ventilados en el juicio” pero que poco se esclarecieron en la prensa.
Por si alguna duda quedaba sobre las razones para romper la inopia de noticias en los medios oficiales con este reporte, la fiscal las disipa:
“Tiene una gran repercusión social, pues hablamos de un alimento destinado a la canasta básica del pueblo, y del cual se distribuyen tres libras por persona. Con esas 283 libras de papa apropiadas indebidamente se afectaron casi 80 núcleos y unos 93 usuarios. Ello repercute aún más en estos momentos dada la actual economía que atraviesa nuestro país, a la que se suma el bloqueo norteamericano”.
Según el periódico Vanguardia “los juicios ejemplarizantes se aprueban desde la dirección del Partido en la provincia, y se ejecutan con la aprobación de los tribunales y demás factores” y tienen como objetivo que “el pueblo conozca los hechos, el actuar del ministerio público”.
La funcionaria judicial reconoció que Camajuaní vive una “situación difícil por el azote del coronavirus”, y a esta situación se le responderá con “solidaridad”, que para ella significa que “hoy más que nunca hay que tener bien impregnados los valores éticos, el concepto de Revolución”.
Sobre el “juicio ejemplarizante” no se dan detalles de la defensa de los acusados. Por el contrario, una de las partes que se supone debe ser imparcial, el presidente del Tribunal Municipal, mostró que pocas posibilidades tendrían los acusados.
Daniel A. Gálvez declaró que “el Tribunal imparte justicia en nombre del pueblo, y aun cuando debemos estar desde cierto punto de vista aislados y ser imparciales totalmente, no podemos estar ajenos a la repercusión social del hecho”.
Como parte del proceso judicial, los sancionados tienen derecho a apelar en un plazo de tres días hábiles. Aunque luego de tomar “los bienes del Estado”, como llamó a las papas la fiscal, poco éxito ha de esperarse de una apelación y menos en tiempos en que la autoridad “combate” contra el coronavirus.
