El actor de teatro Yunior Vergara, residente en la provincia Camagüey, denunció corrupción en la terminal de ómnibus en la venta de pasajes interprovinciales.
Según contó en una publicación en su Facebook, llegó a las 5:30 a.m del 6 de junio a la terminal para anotarse en una lista de espera de un ómnibus que se dirigía al municipio Bayamo, provincia Granma, que solo tenía capacidad para 50 personas.
"Ya al borde del desespero un señor me propone un pasaje para Bayamo y le pregunto si es en carro o taxi, dice que en ómnibus, ah, pues sí, le dije y ¿cuánto? ¡1500 pesos!", agregó.
Vergara cuestionó por qué ocurrían ventas de pasajes de ómnibus 'por la izquierda'.
"Tal vez ese mismo me tocaba a mí en mi digna y honrada lista de espera, ¡pero no! De las 7 capacidades que dan solo ofrecen 3 o 4 cuando más y las otras es el negocio sucio de otras personas", añadió.
"¡Y a eso súmale la vida de ser cubano! Cuba que linda es Cuba, quien la defiende...", concluyó el joven actor.
La publicación tiene más de 20 comentarios de internautas lamentando este acto de corrupción.
El usuario Israel Fonseca Leyva, comentó: "Te lo creo porque eso mismo me hicieron a mí una de las tantas veces que fui a Camagüey. Cuba, qué linda era Cuba...".
Desde la llamada Tarea Ordenamiento implementada en enero de 2021 la inflación se ha disparado en la Isla, y como consecuencia, el costo de la vida.
El aumento de precios aumenta cada día, tanto en el mercado estatal como en el informal.
El régimen cubano ofrece poca información sobre actos de corrupción en el sector estatal. Sin embargo, en marzo de 2022 trascendió que los “daños económicos causados al patrimonio público” ascendieron a más de 282 millones 800 mil pesos en la provincia Sancti Spíritus durante 2021, según reveló una auditoría.
Esa cifra resulta superior en alrededor de 138 millones 160 mil pesos a los daños cuantificados en igual período de 2020, según el informe oficial al que tuvo acceso el periódico Escambray.
Los auditores de Sancti Spíritus registraron que, del total de casos judiciales por presuntos hechos de “corrupción administrativa”, durante el año se concluyeron 20 con sentencia firme, ocho se encuentran todavía en los tribunales y nueve en diferentes etapas del proceso de instrucción penal.
