En mayo de 2019, Eddy la Rosa Cárdenas supo que su hija menor de edad había sido abusada por Tomás Ávila Milián, un familiar no consanguíneo. Desde entonces la niña, que hoy tiene 13 años, ha sido víctima también de las instituciones cubanas. Su agresor, un directivo de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) fue absuelto por la ley.
Los encargados de procesar el caso la han revictimizado sometiéndola a dos exploraciones, una física y otra psicológica, y cuatro validaciones de testimonio para llegar a un juicio, ocurrido el 8 de enero de 2021, donde el presunto abusador quedó impune y las pruebas de la Fiscalía Municipal de Matanzas fueron ignoradas.
El pasado 2 de marzo una fiscal citó a La Rosa Cárdenas para informarle, verbalmente, las razones de la absolución del acusado del caso 7720/209. La madre no posee ningún documento que respalde lo expuesto allí porque no tuvo acceso a la sentencia.
Según la fiscal que la atendió y no es la que lleva su proceso, el tribunal alega que no existe relación entre lo contado por la menor y las declaraciones de los testigos de la defensa, los cuales son familiares del acusado.
Al respecto la periodista y feminista Marta María Ramírez dijo a ADN Cuba que “Toda la violencia que se ejerce contra nosotras y nuestres hijes está avalada por una complicidad de buena parte de las personas que nos rodean, familiares, amigos, vecinos, incluido el Estado que no hace nada para prevenir ni protegernos”.
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La única prueba considerada por la instancia que dictaminó la sentencia fue la exploración psicológica realizada por un psicólogo del Centro de Evaluación, Análisis y Orientación a Menores (CEAOM), cuyos datos hicieron que en el pasado el caso fuera archivado.
“El psicólogo plantea que la niña estuvo ambivalente, dispersa, fría, solo mostró emociones a la hora de hablar de relaciones sociales, que la sentía manipulada e inducida por mí a todo esto”, refiere la madre.
El daño psíquico a la víctima ha sido reforzado al asistir a cuatro validaciones, una realizada en La Habana, dos en Medicina Legal y una en el centro de menores en Matanzas; pero ninguna fue considerada por el Tribunal.
Recientemente la Fiscalía presentó un recurso de apelación por inconformidad con la sentencia emitida por el Tribunal Municipal de Matanzas; pero el límite temporal para obtener una respuesta no existe para los demandantes.
“La explicación es que ahora Fiscalía Provincial tiene un término indefinido para darme la respuesta.
En el periodo de un año y diez meses el caso ha sido archivado, luego reabierto con demoras y morosidad en todos los protocolos. Ahora me dicen que no hay límite de tiempo para responder a la apelación, cuánto tengo que esperar para que me digan que sigue absuelto o que hagan un juicio oral y no se presente. Esto hay que limpiarlo desde el principio. Todo está manipulado y mal hecho desde el inicio”, dijo la madre en entrevista con ADN Cuba.
Un informe del Centro Docente de Rehabilitación del Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo de Matanzas expone que los datos aportados por la menor son veraces y que presenta los rasgos de alguien abusado puesto que las prácticas descritas por ella son “particulares de la sexualidad adulta” y no responden ni a su desarrollo psicológico ni a la educación recibida en el hogar.
“La niña presenta síntomas psicológicos frecuentes en las menores víctimas de abusos lascivos: depresión, baja autoestima sentimiento de culpa y vergüenza ante familiares y amigos y ansiedad de separación”, expresa el documento al que ADN Cuba tuvo acceso.
También expone el estudio que “no existen indicadores ni motivaciones en la personalidad de la menor que puedan hacernos pensar en la posibilidad de una actitud manipuladora para obtener una ganancia secundaria”.
Reconstrucción de un caso de abuso a menores
La denuncia formal contra el ciudadano Tomás Ávila Milián, comercial de Etecsa en Matanzas, se realizó el 30 de mayo de 2019 ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el Consejo Popular Playa, Matanzas.
La demandante, Eddy la Rosa Cárdenas lo acusó de Abusos Lascivos continuados a su hija menor de edad.
Desde los nueve años de la niña, en 2016, ella vivía con su madre en una vivienda a la cual el acusado tenía acceso por ser cuñado de la pareja de la madre.
Ramírez dijo a ADN Cuba que “El abuso sexual infantil que ha vivido esta criatura no es de extraños, no suele ocurrir esto relacionado con personas extrañas a la familia. Son personas con conductas consideradas correctas dentro de lo política correctamente. Este mismo hombre es un funcionario de Etecsa, tiene una vida dentro de un organismo estatal con organizaciones partidistas”.
En un ambiente tan cercano, la niña jugaba con la hija del acusado en la casa de este, donde también existía una guardería ilegal.
Por razones personales la familia de la abusada se muda para Cárdenas en noviembre de 2018, es allí donde la menor le cuenta todo a su madre.
“La primera vez este le advierte que si dice algo de lo ocurrido HABRÍA CONSECUENCIAS...a partir de entonces comenzaron los abusos, las amenazas y las vejaciones de forma continuada siendo en el cuarto donde muchas veces estaba puesto el televisor en frente de la cama y el aire acondicionado por lo que debían taparse y ahí aprovechaba para abusar de la niña”, contó La Rosa en una denuncia en su perfil de Facebook.
La niña fue sometida a una exploración física el propio día de la denuncia y más tarde el día 5 de junio de 2019 ocurrió la psicológica con un especialista del CEAOM.
Durante dos meses no hubo noticias del procedimiento pues había sido archivado porque “los elementos aportados por la menor impresionan ser inciertos y no útiles en cuanto al esclarecimiento y ocurrencia de los hechos” como refiere un documento de fiscalía. La madre tuvo que llegar hasta el Consejo de Estado para que fuese atendido cabalmente su caso.
Luego en octubre del mismo año son citados para las oficinas del Ministerio del Interior de esa provincia. Allí le informan la necesidad de practicar una validación de testimonio y la sanción al instructor del caso por las irregularidades del mismo.
Un equipo de Medicina Legal en Matanzas le realizó la validación de testimonio nuevamente a la niña. A los dos meses citaron a Eddy La Rosa Cárdenas para acudir al Centro de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA) de La Habana para realizar una segunda validación.
“La especialista que me recibe me explica que es absolutamente innecesario exponer a la menor a ninguna entrevista, que no entendían que porque habíamos sido llevados a este instituto si ya se contaba con los resultados de la validación hecha en Matanzas donde especialistas de igual profesionalidad habían dejado claro la VERACIDAD DE LOS HECHOS”, explicó la madre; pero accedió a la entrevista con la menor.
Posteriormente se presenta una ampliación de declaración pues la menor sostuvo que el agresor le mostró películas pornográficas y habló de otros tocamientos en el carro de Ávila Milián. La declaración se extravió del expediente y al cambiarse el instructor del caso se realizó otra validación sobre estos hechos.
“Nunca me negué a ninguna exploración, validación, o proceso que ayudase a esclarecer los hechos y tener la justicia que merece mi hija”, dijo la madre en Facebook.
Tras 17 meses el Tribunal Municipal de Matanzas citó a La Rosa para el juicio el 8 de enero del presente año. En todo ese tiempo la madre expresa que soportó maltratos, desinformación, irregularidades en el proceso.
La sentencia del Tribunal Municipal de Matanzas fue absolución de los cargos al acusado.
Por su parte, la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, argumenta que “En ese proceso hay negligencias porque el Estado no actuó diligentemente. No es el único caso. En primer orden las víctimas no tienen acceso a justicia porque no acceden al proceso penal y eso garantiza, en este caso, la impunidad del agresor.
El gobierno está mandando un mensaje claro: los agresores pueden abusar o violar que quedarán impunes”.
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Acusado por Abusos Lascivos y Corrupción de menores
La sentencia pedida para el acusado fue de siete años de privación de libertad por los delitos Abusos Lascivos y Corrupción de Menores, según comunicó Fiscalía a la madre.
Para Diversent, “la petición de Fiscalía minimizó el sufrimiento de la víctima porque luego de ser abusada se afectó la libertad y seguridad personal. Si le imputan estos dos delitos es imposible que la sanción sea solo de siete años”.
En el Código Penal cubano el Abuso Lascivo es considerado un delito menor que puede sancionarse hasta con la imposición de una multa de 100 a 300 cuotas. Las penas registradas en el Artículo 300 del mencionado código van desde tres meses de cárcel hasta cinco años como máximo.
El Capítulo III dedicado a los Delitos contra el normal desarrollo de la infancia y la juventud explica en el Artículo 310 la Corrupción de menores.
“El que utilice a una persona menor de 16 años de edad, de uno u otro sexo, en el ejercicio de la prostitución o en la práctica de actos de corrupción, pornográficos, heterosexuales u homosexuales, u otras de las conductas deshonestas de las previstas en este Código, incurre en sanción de privación de libertad de siete a quince años” refiere la ley.
Un texto del oficialista Cubadebate aseguraba que, en Cuba de 2016 a 2019, se contabilizaban 3130 menores víctimas de abusos lascivos y 1351 de Corrupción de menores. Las estadísticas brindadas por el medio de prensa evidencian un crecimiento de las cifras a medida que transcurrían los años. Pero todos los casos no son visibilizados y en el contexto de la pandemia aparecen nuevas víctimas.
A la activista Marthadela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, le inquieta la displicencia con la que el Estado cubano tramita estos asuntos.
“La persona que cometió el abuso fue declarada inocente, nos preocupa como el Estado cubano reacciona de una manera tan morosa.
No es la primera vez que nos llega un tipo de denuncia de esta forma donde el Estado comete irregularidades. Las instituciones estatales diagnostican que la niña fue víctima entonces no entendemos cómo el agresor está en libertad.
Somos mujeres y necesitamos visibilizar este hecho y tanto otros; pero más necesitamos hacer justicia para este caso”, sentenció.
