¿Tienen los cuentapropistas cubanos motivos para protestar?
La continua dolarización en Cuba, en medio de una escasez genérica, dólares incluidos, supone enormes retos para los cuentapropistas cubanos, quienes objetivamente tienen muchos motivos para alzar su voz y exigir cambios y mejores condiciones
¿Tienen los cuentapropistas cubanos motivos para protestar?
 

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La convocatoria a protestar multitudinariamente en Cuba los días 31 de octubre y 17 de diciembre, que circuló en redes sociales durante días pasados, tiene en los cuentapropistas de la isla un actor y objetivo central.

En medio de la actual dolarización progresiva de la isla, decretada por el régimen con su continua apertura de tiendas para la venta minorista y mayorista en moneda libremente convertible, y en un clima de escasez y desabastecimiento que tienden al alza, con las férreas prohibiciones y controles de siempre para el crecimiento económico personal, los trabajadores del sector privado en Cuba tienen ante sí un panorama muy complejo.

Un panorama que no pocos estiman los obligará a organizarse y manifestarse públicamente en pos de mejores condiciones, tal cual se defienden en la convocatoria a una protesta general que, quizás, motivó el apagón de Telegram en Cuba, aplicación por la que más circuló el llamado.

La lista de peticiones de la protesta nacional pacífica por una Cuba próspera es larga, pero entre ellas destacan varias que exigen al gobierno más facilidades para la iniciativa privada, siempre limitada por las políticas económicas del régimen y más aún ahora en los tiempos de crisis que se viven, que no han supuesto una relajación para los cuentapropistas ni su consideración como un actor socioeconómico fundamental para el logro de mejores escenarios. 

Los organizadores de la protesta piden al gobierno que dé libertad a los emprendedores para importar directamente del extranjero mercancías sin límite de cantidad ni tipo, y sin que medien las empresas estatales. También que autorice a los campesinos cubanos a importar suministros y equipos, vender sus productos tanto a la población como para exportación con total libertad, sin imponerle límites de cantidad de productos ni de precios; y que permita, mediante licencia de trabajo, la compraventa de productos. 

“El comercio es legal en el mundo entero y por tanto los revendedores deben ser legalizados”, sostienen los demandantes y organizadores de la protesta en sus peticiones, las cuales difícilmente hallen eco en un régimen que se niega a la libertad y la prosperidad individual, bajo argumentos obsoletos e inefectivos de supuesta defensa de la igualdad y la justicia social.

De hecho, lejos de abrir el diapasón de posibilidades que tiene para favorecer el crecimiento de los cuentapropistas y fortalecer al sector privado como actor económico relevante en el panorama nacional, el régimen toma medidas rígidas y de poco alcance que lo que hacen es limitarlos aún más.

Con bombo y platillo la prensa oficialista se hace eco de la apertura de nuevas tiendas en divisas para vender ya no sólo electrodomésticos, alimentos y artículos de higiene de supuestas gamas superiores, sino también para fungir como mercado mayorista para cuentapropistas y campesinos.

Ello supone a los mismos tener que comprar insumos y medios escasos por otras vías para su emprendimiento en una moneda en la que presumiblemente no podrán cobrar por sus productos y servicios tras la anunciada unificación monetaria, lo cual, por sí solo, supone ya una nueva incongruencia que podría dar al traste con las reformas concernientes a los salarios y la política monetaria.

Cuestionado por los retos o dificultades específicas que estas acciones tendientes a la dolarización sin dólares suponen para los cuentapropistas cubanos, el científico y activista Oscar Casanella dijo a ADN Cuba que visualiza un escenario muy complicado, en el que es muy posible que los cuentapropistas tengan que aumentar los precios de sus productos y servicios para poder pagar los gastos y pagar a sus empleados.

“Para realizar compras de productos, equipos y materiales para su negocio que solo aparecen en las tiendas en MLC, los cuentapropistas estarán obligados a buscar una persona fuera de Cuba que sea su ‘socio’ para que pueda realizar envío de dólares”, agregó Casanella, para quien, bajo las restrictivas disposiciones legales que existen para el sector privado, los cuentapropistas se encuentran con la misma “barrera” que el resto de la población. 

Dicha barrera es “la escasez e inexistencia de productos en las tiendas en CUC y CUP”, lo que obliga a buscar socios en el extranjero para la obtención de divisas.

A diferencia de los años 90, cuando se despenalizó el dólar y el régimen comenzó a vender bienes y servicios en esa moneda, en Cuba hoy se acusa una severa escasez de circulante de divisas extranjeras. En ello ha influido la falta de afluencia turística a la isla, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, así como la concentración de remesas y envíos de dinero desde el exterior en las tarjetas habilitadas para las compras en las tiendas del régimen, única forma de pago permitida hasta el momento.

Los cuentapropistas, limitados en el monto de MLC que podrán sacar de Cuba y en los artículos que pueden traer consigo de sus viajes al exterior, se verán potencialmente obligados a comprar en los canales oficiales del régimen, a precios y calidades que distan de lo que requerirían para ser competitivos sin elevar sus precios o enfocarse en trabajar para una minoría de la sociedad cubana.

Por todo ello, escenarios como el visualizado por Casanella no son descabellados, así como tampoco lo es afirmar y reconocer que los trabajadores por cuenta propia están entre los ciudadanos con más motivos para elevar su voz y reclamar al gobierno, ya sea en octubre o diciembre, como se convoca en redes sociales, o en cualquier otra fecha.

La dolarización en Cuba y las tibias reformas del régimen no les favorecen ni tributan a su crecimiento, sino más bien justo a lo contrario. Parecen querer ahogarles o estancarlos en su desarrollo, sacándoles dólares y dinero para que puedan seguir operando, sin contemplar para ello rebajas de sus obligaciones tributarias o mayores libertades en su operación.