Autoridades educacionales en Trinidad, Sancti Spíritus, solicitaron sus datos de las cuentas de internet y telefonía móvil a estudiantes de las escuelas de ese municipio a petición del DTI local.
Varios padres lo confirmaron en el grupo de Facebook “Trinitarios”, y mostraron su angustia por este inusual procedimiento. “Es cierto, a mí hija se lo pidieron”, escribió Jenny a lo cual otra madre, Yuleydi añadió que en su caso pasó igual.
CubaNet confirmó la denuncia con otros cuatro familiares de estudiantes involucrados. Todos coincidieron que entre los datos que sus hijos debieron compartir estaban: número de celular y el nombre del propietario de la línea, perfiles en redes sociales y grupos a los que pertenecen en Facebook, WhatsApp y canales de Telegram.
Algunos jóvenes, entre la repulsa a tal violación de su privacidad y el miedo, brindaron datos falsos, algo que trascendió entre los directivos del preuniversitario Eduardo García Delgado, quienes llamaron a los padres.
Fue entonces cuando los padres se enteraron que la petición provenía del DTI, y no de la escuela, agrega CubaNet.
Ante la pregunta de por qué quieren tener localizados los perfiles de cada uno de los muchachos y los grupos a los que pertenecen, una madre especula que parece un “mecanismo de vigilancia para limitar lo que pueden compartir o hablar en redes”.
En 2017, un análisis de Amnistía Internacional sobre la censura en Cuba del espacio virtual calificó a la isla como uno de los entornos más vigilados de acceso a Internet. El estudio agrega que saberse vigilado hace más probable la autocensura para consumir o compartir contenidos que puedan ser críticos sobre la gestión estatal. Este, para algunos de los familiares entrevistados, puede ser uno de los objetivos de la medida.
Por su parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) denunció en diciembre que el gobierno se prepara para, a partir de restarle credibilidad a quienes se dedican a informar sobre la realidad, instaurar el cerco de desinformación que existió en Cuba antes de que se admitieran el acceso a Internet y a los teléfonos celulares de los ciudadanos “de a pie”.
En 2019 el régimen de La Habana aprobó el Decreto-ley 370, el cual establece un amplio control por parte del gobierno sobre internet.
Específicamente el inciso i del artículo 68 dice que considera una contravención asociada a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
También el inciso f del artículo anterior reza que es una violación “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.
Por su parte, el artículo 70 define la multa a imponer que es de 3000 pesos cubanos (120 dólares), un monto bastante alto para un cubano de a pie con salarios medios de 30 dólares aproximadamente.
