Ya se encuentra en curso una denuncia contra el Decreto Ley 370 de Cuba ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Así lo expresó en una rueda de prensa virtual este martes el presidente de Prisioners Defenders (PD), Javier Larrondo.
Esta ONG recabó 33 casos, por medio de entrevistas, traslado de documentación probatoria, grabaciones, imágenes y finalmente un formulario online que tipificaría ciertos aspectos de las violaciones.
La denuncia fue presentada el 8 de junio de 2020, ya ha sido recepcionada por el Alto Comisionado de la ONU y esperan resolución en un período inferior a 4 meses.
"Descubrimos, junto con fuentes del propio régimen que colaboran desde hace mucho tiempo con nosotros, que estamos ante la creación de un proceso de normalización legislativa y legitimación institucional de la represión de la libertad de expresión, para cercenar el campo de actuación que se les estaba escapando progresivamente desde el año 2000: internet y las comunicaciones electrónicas", agrega el comunicado de PD.
Estuvieron presentes además Dita Charanzová, eurodiputada y vicepresidenta del Parlamento Europeo; Javier Nart, eurodiputado y vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con los países de América Central y Cuba; Carlos Rojas, diputado del Congreso de España por el PP; Blas Jesús Imbroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Melilla.
Por la parte cubana estuvo Camila Acosta, periodista de CubaNe; Amaury Pacheco, artista y vicecoordinador del Movimiento San Isidro; pastor Mario Félix Lleonart, coordinador General del Instituto Patmos; y José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unpacu.
“Hasta que quede un preso político en Cuba se seguirá violando sus compromisos con la Unión Europea. Seguiré insistiendo en que la UE se pronuncie contra las violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba y denuncie ante organismos internacionales”, expresó Charanzová.
El 4 de julio de 2019 el número 45 de la Gaceta Oficial de Cuba publicó el Decreto Ley 370, el cual establece un amplio control por parte del gobierno sobre internet.
Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs, como instrumento para la defensa de la Revolución”.
Específicamente el inciso i del artículo 68 dice que considera una contravención asociada a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
También el inciso f del artículo anterior reza que es una violación “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.
Por su parte, el artículo 70 define la multa a imponer que es de 3000 pesos cubanos (120 dólares), un monto bastante alto para un cubano de a pie con salarios medios de 30 dólares aproximadamente.
