El grupo de activistas y artistas independientes identificado como 27N, volvió a entregar este viernes, en el Parlamento, la carta firmada por cientos de cubanos que exigen la dimisión del titular del Ministerio de Cultura, Alpidio Alonso, por encabezar la violencia contra los plantados frente a la institución castrista el pasado 27 de enero.
“Dimisión ya, continúa”, publicó en un post la productora Aminta D' Cárdenas al compartir una fotografía junto a la artista Camila Ramírez Lobón, cuando ambas entregaron el documento en el Capitolio de La Habana, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Refirieron que “no [están] conformes con la respuesta que la Asamblea Nacional diera el pasado 4 de marzo, a la demanda que un grupo de ciudadanos, artistas e intelectuales cubanos presentaron solicitando la revocación de su condición de diputado y miembro del consejo de ministros al actual ministro de cultura Alpidio Alonso”.
Añadieron que “entendiendo que el argumento empleado para desestimarla fue que algunas de las firmas no contaban con los datos legales requeridos, y ya que según la ley vigente es suficiente con los datos de los ciudadanos que la presentan, hoy Aminta de Cárdenas y Camila Lobón hemos vuelto a presentar dicha petición”.
El documento fue registrado en el Parlamento con “número de acuse de recibo 341”, detallaron las artistas en el post de Facebook.
La semana anterior, la oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular rechazó la solicitud del grupo 27N y cubanos solidarios, que pedían la revocación del ministro de Cultura y diputado, Alpidio Alonso Grau.
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En la respuesta oficial -publicada por el movimiento en redes sociales- Madalina Marrero Delgado, Directora de Atención a la Población, indica que la relación de firmantes carece de datos legales como apellidos, números de identificación, o residencia en Cuba o fuera.
“Luego del análisis realizado le informamos que dicha petición no reúne los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional, por tanto, no procede la solicitud y se archiva el asunto”, concluye el documento.
Sobre los llamados requisitos legales, la directora de Cubalex, abogada Laritza Diversent, explicó que "No es una respuesta fundamentada (...) Hay una mala argumentación porque ninguna de las dos normas que mencionan dice cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas para dirigir peticiones a la Asamblea Nacional. No hay un procedimiento claro para dirigirse a la Asamblea Nacional y el presidente".
Además, la jurista aseguró que las supuestas omisiones que la funcionaria señala, no la exime de dar una respuesta sobre el fondo del asunto.
Por último, Diversent señaló los tintes discriminatorios de este documento al cuestionar entre líneas la firma de ciudadanos cubanos que residen fuera de la Isla.
Otro abogado Eloy Viera, quien brindó asesoría a los miembros del 27N, aclaró en una charla en Facebook tras conocer la negativa, que el derecho de petición “está reconocido constitucionalmente para los ciudadanos cubanos” y que “la propia Constitución no establece ninguna formalidad para su ejercicio”.
“Tampoco existe una ley que regule en Cuba el derecho de queja y petición”, añadió en un debate de la revista independiente Rialta.
