La oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular desestimó la solicitud del grupo 27N, que pedía la revocación del ministro de Cultura y diputado, Alpidio Alonso Grau.
En la respuesta oficial -publicada por el movimiento en redes sociales- Madalina Marrero Delgado, Directora de Atención a la Población, indica que la relación de firmantes carece de datos legales como apellidos, números de identificación, o residencia en Cuba o fuera.
"Luego del análisis realizado le informamos que dicha petición no reúne los requisitos legales previstos en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, la Ley de Revocación y el propio texto constitucional, por tanto, no procede la solicitud y se archiva el asunto", concluye el documento.
Sobre los llamados requisitos legales, la directora de Cubalex, abogada Laritza Diversent, explicó que "No es una respuesta fundamentada (...) Hay una mala argumentación porque ninguna de las dos normas que mencionan dice cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas para dirigir peticiones a la Asamblea Nacional. No hay un procedimiento claro para dirigirse a la Asamblea Nacional y el presidente".
Además, la jurista aseguró que las supuestas omisiones que la funcionaria señala, no la exime de dar una respuesta sobre el fondo del asunto.
Por último Diversent señaló los tintes discriminatorios de este documento al cuestionar entre líneas la firma de ciudadanos cubanos que residen fuera de la Isla.
El 3 de febrero anterior, las integrantes del 27N, Solveig Font y Carolina Barrero entregaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular dicha petición, basadas en las agresiones del funcionario hacia artistas el 27 de enero.
Alonso reprimió a golpe y manotazo, arropado por la policía política del régimen, a un grupo de 20 personas aproximadamente, que reclamó de manera pacífica una reunión con autoridades del Mincult.
Según el Artículo 8 de la Ley de Revocación de Mandatos, "los elegidos a los órganos del Poder Popular pueden ser revocados si incurren en hechos que los hagan desmerecer de buen concepto público o manifiestan una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo en un órgano del Poder Popular".
