Para un diputado a la tibia Asamblea Nacional del Poder Popular, que nada decide en Cuba y todo capricho del régimen aprueba, los culpables del precio de los productos agrícolas son los cuentapropistas que poseen permiso para vender en comercios y puestos no estatales en pueblos y ciudades.
A “los intermediarios” desplazan la responsabilidad de la escasez y el encarecimiento de alimentos en la isla, cuando constantemente el Estado coarta al productor, y a los comerciantes les impone impuestos altos, entre otras políticas.
Ahora, atenazado por la crisis y la pandemia, el régimen se las da de buena gente y los medios de prensa oficialista celebran una supuesta “estrategia aprobada por el Gobierno para impulsar el desarrollo interno”.
Emilio Interián Rodríguez, médico veterinario de profesión, es sobre todo diputado al parlamento y presidente de una cooperativa de créditos y servicios (CCS).
Desde el año 2003, participa en las reuniones de la Comisión Agroalimentaria y a las sesiones del Parlamento. En declaraciones al periódico estatal Trabajadores, reconoce que en Cuba “casi nadie quiere trabajar en la agricultura. Las personas tienen que estar estimuladas económicamente para ir al campo”, opinó.
Pero lo que propone el diputado de la Asamblea Nacional cooptada por el régimen, es más precios topados, control férreo sobre el comercio de productos, algo profusamente ensayado por el castrismo y que ha dejado nefastos resultados.
Para Interián Rodríguez, cuestiones como los listados de precios deben revisarse.
“No se concibe que un cuentapropista que no produce nada esté autorizado a vender una libra de boniato a tres pesos mientras que los campesinos, cuyo sacrificio es enorme, lo tienen que expender a 85 centavos” dice.
La inversión en combustible o transporte para recoger las cosechas, los impuestos mencionados al gobierno por el espacio para vender y los pagos que exigen los corruptos inspectores en varios momentos de la cadena, también encarecen la venta. Pero nada de esto dice el diputado.
“Esos montos tienen que equilibrarse para que no se afecte a la población, pero tampoco a los productores, porque estos se desmotivan”, consideró, obviando el papel del régimen que exige la entrega de las cosechas al ineficiente sistema de Acopio.
La cooperativa que preside el diputado se ubica en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Él asegura que las ganancias que se reciben actualmente no compensan los costos de producción, y arremete por eso contra los comerciantes cuentapropistas.
Curiosamente, sí defiende sus precios: “Una finca es como una empresa, donde hay que llevar los ingresos y los costes a punta de lápiz, y la cuenta no puede dar negativa, porque entonces no se puede mantener, no es rentable. Por tanto, los productores tienen que ser retribuidos por su entrega. Al que es un alto consumidor los precios le pueden parecer elevados, pero hay que venir al campo, ver lo duro que es el trabajo aquí y a cuántas dificultades que enfrentamos para producir”.
¿Cuándo se pondrán de acuerdo en Cuba los perjudicados y denunciarán al verdadero abusador?
En mayo la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur), en su capítulo Cuba, publicó una carta dirigida al presidente y el primer ministro de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, respectivamente, en la que piden al estado aceptar con “suma urgencia” cinco puntos esenciales que podrían evitar que el país caiga en una hambruna severa en el corto plazo.
Las organizaciones afirman en su misiva que los campesinos quieren “ayudar al pueblo”. Para poder hacerlo, sostienen, es menester que el estado y gobierno de Cuba libere la producción y distribución de los productos agropecuarios; permita que los campesinos tengan “libertad para fijar los precios” de sus productos “de acuerdo al mercado” y para “importar y exportar directamente, incluso de Estados Unidos”.
