Las políticas de construcción y reparación de viviendas en Cuba han sido ineficientes. A pesar de que el gobierno afirma que es una prioridad, lo cierto es que en la isla predominan los hogares precarios, el hacinamiento y el peligro de derrumbes. Según estadísticas oficiales, el 39% de las edificaciones de la Isla están clasificadas en estado constructivo malo o regular y existe un déficit de casi un millón de inmuebles.
Los efectos de la pandemia de coronavirus agravan la compleja situación, sobre todo para quienes viven en la isla esperando que el gobierno restaure sus casas o les ofrezca alternativas, al haber sido afectadas sus viviendas por el paso de huracanes y otros eventos meteorológicos que azotan al país.
Recientemente, el coordinador de programas a cargo de las construcciones en el Consejo de la Administración Municipal en la Isla de Juventud, Santiago Álvarez Dacal, realizó un recorrido por obras sin terminar en ese territorio y reconoció que “el impacto del nuevo coronavirus afecta el sistema de trabajo y la capacidad constructiva, muchos de los trabajadores del sector pasan de 60 años, por lo cual se aislaron y protegieron”.
Además, también fueron aislados los presos que el gobierno emplea en labores constructivas mediante el programa Tarea Confianza; “ellos laboran en más del 80 por ciento de las acciones de la construcción, la otra parte la representan los obreros contratados”, aseguró el funcionario.
Según Álvarez Dacal, en la Isla de la Juventud “el objetivo es cumplir el plan de 299 viviendas, que inicialmente era de 279, pero aumentó a partir de los resultados y las posibilidades”. Son contradictorias las declaraciones del funcionario al periódico oficialista Victoria, que informó sobre el recorrido por las obras, donde se evidenció las dificultades que tendrá el gobierno local para edificar los hogares.
Álvarez Dacal, reconoció déficits de materiales como “el acero, el alambrón y sus derivados”. Para resolver la falta de fuerza laboral, indicó que buscan “variantes”, como mandar a trabajar en las obras a quienes se beneficiarían de las nuevas viviendas, para que las terminaran luego de que el gobierno tuviera “la posibilidad de levantar estructuras” básicas.
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El medio de prensa estatal informó, además, que “afectaciones con los combustibles a inicios del 2020 perturbaron el desarrollo [del plan de viviendas], lo cual incidió en que al cierre de abril estuvieran a un 18 por ciento de ejecución”.
Las carencias del Programa de la Vivienda en la Isla de la Juventud, pintan un triste panorama para “más de 200 afectados de eventos meteorológicos” en ese municipio; y unas 90 personas a las que otorgaron subsidios para mejorar sus precarias viviendas.
No obstante, el funcionario en el habitual tono triunfalista de los voceros del régimen, dice que garantizarán la ayuda a esos ciudadanos y “otros a los cuales entregamos recursos que dan para terminar unas 350 casas”.
Según el medio de prensa oficialista, en el pueblo Santa Fe y las comunidades Frank País, Polígono y McKinley, recuperan y adaptan -para hacerlas habitables- cerca de 60 grandes edificaciones que antes tenían otros fines. Aunque no lo aclara la nota del periódico Victoria, por lo general el régimen cubano con esas “adaptaciones temporales” crea albergues colectivos donde los damnificados por derrumbes deben esperar durante años a que les faciliten casas terminadas o materiales de construcción.
Álvarez Dacal dijo que evalúan el otorgamiento de “subsidios para construir células básicas habitacionales”, que serían entregadas a madres con tres o más hijos identificadas por el Programa de atención a la Dinámica Demográfica.
El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que el tema de la vivienda era “el principal problema social acumulado que enfrenta Cuba” y volvió a apelar al trabajo del Gobierno “con sensibilidad y constancia” para resolver la crisis enquistada del sistema.
La Habana, ciudad capital y el territorio con mayor densidad poblacional de Cuba, mantiene un déficit de 206 mil viviendas, según las últimas cifras oficiales, dadas a conocer en 2017. Estos últimos años la provincia ha registrado frecuentes derrumbes que engordan las cifras de personas que a la espera de un nuevo techo.
Esta situación se agravó el pasado año con el paso de un intenso tornado que azotó la ciudad y dejó siete muertos, casi 200 heridos, unas 7 mil 800 casas dañadas y más de 10 mil desplazados.
En 2020 tres niñas perdieron la vida a inicios de este año en La Habana Vieja al desprenderse el balcón de un edificio en el barrio de Jesús María. Luego en el mes de marzo otro derrumbe, específicamente en Inquisidor, entre las calles Luz y Acosta, dejó un muerto y varios heridos.
Mientras en medio de la pandemia el régimen promueve políticas de desalojo y cuantiosas multas a quienes sean detenidos con materiales de construcción, sin papeles justificativos, además, de ser decomisados.
