Familiares y prisioneros denuncian la situación de los reclusos en las cárceles de Cuba, quienes están amenazados por la COVID-19 y la escasa y pobre alimentación.
Mirtha Díaz Rivero, pareja del preso político Leoncio Rodríguez Ponce, declaró al medio independiente CubaNet que su esposo fue uno de los casos diagnosticados durante el mes de marzo y su tratamiento duró 12 días.
Ahora, Díaz Rivero no puede hacerle llegar los alimentos y el aseo personal que le permitían entrar cada 45 días a la cárcel provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8.
El citado medio refiere que “la situación se repite con los reos que son deportados de su provincia de origen hacia otras cárceles del país, como medida de castigo”.
Díaz Rivero explica que “en el mes de julio del pasado año fue la última bolsa de alimentación que pudieron recibir los reclusos de Kilo 8 que no son oriundos de la provincia de Camagüey ─según la dirección del penal─ por no contar con un transporte que traslade la ayuda desde sus provincias de origen hasta la prisión”.
La cubana afirma que “dan lástima todos. Se están muriendo de hambre. (…) si acá en la calle es caótico para los que no tienen dólares, cómo será en las prisiones”.
Las autoridades pretenden esconder esta situación y poco se sabe de las condiciones dentro de muchas cárceles. “A mi esposo le prohibieron usar el teléfono por un mes, pues había denunciado a movimientos de derechos humanos del país la mala alimentación que reciben y todo lo que pasa entorno a la COVID-19”, dijo a CubaNet, Mirtha Díaz Rivero.
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A finales de marzo, se denunció que más de un centenar de reclusos serían positivos a la COVID-19 en otra de las cárceles de la central provincia de Camagüey, donde no reciben los cuidados médicos necesarios, según una denuncia ciudadana enviada a la redacción de ADN Cuba.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Edgar Pérez Pérez compartió con esta revista que fue informado por el recluso Raudel Martínez Fontaine desde uno de los penales camagüeyanos que en “el lugar conocido como la 26 hay 106 reos positivos a la COVID-19”.
Yuliesky Guerra Millán, preso en Las Mangas (Bayamo, Granma) denunció al medio citado que “se les están perdiendo las bolsas a la gente, los cigarros, el aseo. Se les está perdiendo de todo. Están saliendo todavía casos de COVID-19, pero es por gusto, los están aislando para un destacamento cuando tienen que sacarlos para la calle o sacarlos del penal. Ellos no pueden estar adentro con los presos y no están aplicando bien el protocolo de aislamiento”.
Sobre la importancia de los paquetes de ayuda que enviaban las familias, el joven dijo que tienen más valor que nunca.
“La comida está mala. El arroz lo dan duro (…) El potaje y la sopa parecen agua. El picadillo de pescado lo dan podrido. Las pastas las sirven podridas y hervidas. El huevo revuelto lo sirven ligado con el cascarón. Debido a la mala comida la gente siempre tiene diarrea. He visto al jefe por la mala condición en la comida y me responde que me va a meter para la celda. (…) La bolsa de la familia es la única forma de sobrevivir a las críticas condiciones del penal”.
En las prisiones castristas “el hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica han sido causa de frecuentes brotes de tuberculosis, enfermedades diarreicas agudas y otras transmitidas por parásitos como la escabiosis”, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La irrupción de la pandemia en Cuba (marzo del 2020) aisló aún más a los prisioneros del exterior, pues desde abril del año pasado fueron suspendidas las visitas familiares. El régimen solo consintió el paso de alimentos y otras ayudas, cada mes y medio aproximadamente, pero las limitaciones de movimiento entre provincias y municipios cubanos a partir del rebrote de la COVID-19 a inicios del año, cesaron esta posibilidad. A los familiares de reclusos no se le ofrece alternativa.