El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, visibilizó este miércoles la arbitrariedad del régimen cubano contra la activista Sayli Navarro, a la que quiere condenar a 11 años de prisión tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio.
“El régimen cubano busca una sentencia de 11 años para la activista Sayli Navarro, hija del activista detenido Félix Navarro, por intentar unirse a las protestas pacíficas del #11J. Ambos esperan juicio por intentar el simple acto de expresarse. #PresosPorQué”, escribió Nichols en Twitter.
Ya en octubre la Embajada de Estados Unidos en Cuba había criticado las “duras sentencias” solicitadas por Fiscalía contra los opositores Félix y Sayli Navarro, procesados por las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio (11J).
“Después de condenar a muchos manifestantes del #11DeJulio a meses de detención y multas, los fiscales de #Cuba han pedido 15 y 11 años para Félix y Sayli Navarro”, expuso la Embajada en su cuenta de Twitter.
“Estas duras sentencias por cargos falsos se hacen claramente para intimidar a los cubanos. #PresosPorQué?”, denunció la delegación diplomática.
Lea también
Félix Navarro Rodríguez, líder del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel Abraham”, fue arrestado en Perico, Matanzas, el 12 de julio, cuando indagaba sobre miembros de su organización detenidos durante las protestas masivas de un día antes, que se extendieron a decenas de localidades del país.
Se declaró durante varios días en huelga de hambre, rechazando su encarcelamiento en la prisión “Combinado del Sur”.
Desde las protestas, y de manera más acentuada tras la detención de su padre, Sayli Navarro ha sido acosada de manera constante por el régimen, que la mantiene en arresto domiciliario.
A inicios de septiembre, el teniente coronel conocido como Rogelio amenazó a la activista con la prisión si salía del municipio Perico, donde reside.
En julio, la organización defensora de los derechos humanos Cubalex denunció que Navarro, además de a la reclusión domiciliaria, fue sometida a una restricción migratoria por los supuestos delitos de “atentado” y “desórdenes públicos”.
“Enfrenta los cargos por supuestamente haberle dado con el casco a una oficial que la agarró por la espalda para impedirle socorrer a su padre, de 68 años, quien era agredido por un agente de la Seguridad del Estado durante las manifestaciones”, detalló la organización independiente.
Cubalex señala que de 1.292 personas detenidas en relación con las protestas del pasado 11 de julio, al menos 673 siguen en las cárceles de la isla.
De acuerdo con la organización, solamente 91 manifestantes han sido liberados con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre uno y 30 años de privación de libertad, 122 de ellos por cargos de sedición, y 24 han sido procesados en juicios ordinarios.
La organización de derechos humanos Prisioners Defenders (PD) reportó que el mes de noviembre concluyó con 712 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba, 562 de las cuales tienen relación con la ola represiva desatada por el régimen tras las manifestaciones antigubernamentales del 11 y 12 de julio en más de 60 localidades del país.
