No existen dudas sobre las ayudas millonarias que ha recibido el gobierno de Cuba desde la Unión Europea, directa o indirectamente. Tras demostrarse que la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), la más represiva de la isla, recibió en el 2019, tres millones de euros, en Bruselas intentan echar balones fuera. Se argumenta desde el Servicio de Acción Exterior, que preside Josep Borrell, que los fondos fueron canalizados a través de una universidad belga y que, por tanto, según esa lógica, no son necesarias mayores explicaciones.
Sin embargo, lo único evidente son los atajos utilizados por las instituciones para colocar el dinero de los contribuyentes europeos en manos del castrismo represor. Si se tratara de un país o universidad que discriminara por motivos de género, raza u orientación sexual, el escándalo habría sido mayúsculo, como no podía ser de otro modo. Pero ni a Bruselas ni a muchas instituciones educativas, científicas y culturales europeas parece interesarles la discriminación por motivos políticos en el comunismo cubano.
La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas es solo un ejemplo. Decenas de estudiantes y profesores cubanos son expulsados cada año, bajo la consigna de que “la universidad es para los revolucionarios”. Incluso se ha suspendido a estudiantes por criticar al régimen en Facebook y otras redes sociales.
Entonces, la pregunta para quienes justifican las ayudas europeas a través de intermediarios es qué parámetros se establecerán para evitar que el dinero de los contribuyentes termine en las manos de la dictadura más longeva del hemisferio occidental.
Nadie se opondría per se a determinadas colaboraciones humanitarias, si al final los beneficiarios directos fuesen las personas afectadas. En la isla hay mucho que hacer, frente al inmovilismo económico y político del gobierno. Según los datos del Tercer Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, el 77% de los cubanos manifiesta una situación de escasez de alimentos severa o moderada. El 46% necesita que su vivienda sea reparada y el 11% habita en casas en peligro de derrumbe.
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El actual modelo de subvenciones de la UE también incluye (de modo indirecto, dicen) a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), brazo femenino del Partido Comunista y ariete utilizado para reprimir en las calles a las Damas de Blanco y a otras mujeres disidentes.
La UE no es la única institución involucrada en tales manejos. En España, varias agencias de cooperación participan en el financiamiento del castrismo. Es cierto que llegar —de verdad— al necesitado es un galimatías difícil de superar en las relaciones con una dictadura, pero no imposible.
El reglamento europeo para la financiación de la cooperación al desarrollo advierte que “la acción de la Unión en la escena internacional debe basarse en los principios que han inspirado su creación (...) y que pretende fomentar en el resto del mundo, a saber, la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad y de los derechos humanos y las libertades fundamentales...”.
Y va más allá al instar a la Unión a “prestar la debida atención a las prioridades, objetivos y parámetros sobre derechos humanos y democracia...”.
Cuba es hoy un Estado menesteroso, debido a la testarudez y la inoperancia de una dictadura subvencionada por instituciones y por las democracias europeas, estructuras donde la diplointeligencia cubana ha sabido colocar sus agentes y personas de influencia. La UE, las agencias de Naciones Unidas —y cualquier otra fuente— deben focalizar mejor sus intervenciones en Cuba, para que el destinatario final de las ayudas sean realmente las personas vulnerables, y no que esos cuantiosos recursos se licuen en el opaco follaje de la burocracia. El destino de estos proyectos en Cuba hay que ajustarlos a objetivos primarios y vincularlos con proyecciones aperturistas concretas. Actuar como hasta ahora solo beneficia a la corporación militar que gobierna a la isla, mientras se abandona casi completamente a la sociedad civil y a los activistas por la democracia.
