El portal oficialista Cubasí confundió unas declaraciones del presidente Donald Trump en redes sociales con el Decreto-Ley 370, llamado también “ley Azote”, que justifica el hostigamiento a periodistas y artistas independientes en Cuba bajo el amparo de su ambigüedad.
Según Cubasí, “en total violación de la libertad de expresión y pensamiento, el presidente de Estados Unidos amenazó el 16 de mayo [de] 2020 en su Twitter, con cerrar las cuentas en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y Google de todos los usuarios que manifiesten posiciones de izquierda”.
El punto central del artículo es que las opiniones de Trump tienen la misma fuerza legal que un decreto aprobado por el Consejo de Estado de Cuba, de facto, el máximo órgano de poder estatal.
“La advertencia del presidente yanqui es contra las posiciones políticas de los usuarios —asegura Cubasí—, no contra las informaciones que atentan las buenas costumbres, la moral o la integridad de las personas, como se establece en el Decreto Ley cubano”.
Quienes critican el 370, son personas temerosas de ser encarceladas por ir en contra de las “buenas maneras”, emitir acusaciones falsas y difamar en redes sociales; son “asalariados del Imperio”, de acuerdo con la expuesto por el medio.
“Las sanciones por esas violaciones de la ley pueden conllevar a la privación de libertad, de tres meses a un año, y/o multas de cien a trescientas cuotas, algo que legalmente puede hacerse contra quienes actúan a favor de los Estados Unidos, en su histórica guerra mediática contra Cuba, con el fin de distorsionar la realidad y crear matrices de opinión contrarias al pueblo cubano”.
El Decreto-Ley 370 y otras regulaciones como la ley 88 son, entonces, normas para proteger al sistema de sus adversarios internos, pero Cubasí asegura que “Cuba nunca ha llevado ante los órganos de justicia a los que se prestan para hacer campañas contra la Revolución, sus instituciones y dirigentes principales”, a pesar de que declaraciones con ese objetivo “están recogidas como delitos en el Código Penal vigente”.
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Es decir, el Decreto-Ley 370 fue aprobado para ser inútil.
Sin embargo, medios independientes han recogido información contraria a lo que dice este artículo. Ya se acumulan decenas de denuncias por multas, amenazas y chantajes a periodistas independientes por hacer su labor, amparadas todas en la llamada “ley Azote”.
Los periodistas Mónica Baró y Yoel Suárez fueron citados para interrogatorio por la Seguridad del Estado. El último incluso fue conducido con los ojos vendados hacia una casa donde le hicieron preguntas y amenazas.
Diversas personalidades protestaron en redes sociales contra el Decreto-Ley. Una iniciativa promovida por el periodista y comunicólogo José Raúl Gallego reunió a activistas de la sociedad civil, dentro y fuera de la Isla, para dejar clara la postura crítica de muchos en Cuba sobre las limitaciones a la libertad de prensa y expresión.
