La actriz cubana Susana Pérez protestó contra la ley 370 que restringe a la ciudadanía la difusión de contenidos en la Internet en Cuba.
Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz, de 68 años y residente en Miami, publicó una fotografía en la que ella sostiene varios mensajes en contra de la referida ley, aprobada en diciembre de 2018.
“No al 370, yo no pago la 370, informar no es delito, la Internet es de todos”, son los mensajes escritos en trozos de cartón, y difundidos en esa red social.
Dicha normativa ha sido duramente criticada por sectores de oposición, por considerarla una herramienta del régimen para seguir vulnerando el derecho a la libre expresión y para acosar a quienes usan la red con fines políticos contra el Gobierno.
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Por ejemplo, a principios de abril la policía detuvo por varias horas a Ovidio Martín Castellanos, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y lo multó por presuntamente violar el Decreto-Ley 370.
Según reportó ADN Cuba en julio del 2019, dicha ley tiene, en principio, entre sus objetivos “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional; contrarrestarlas agresiones cibernéticas; salvaguardar los principios de seguridad de las redes y servicios; así como defender los logros alcanzados por el Estado Socialista”.
Pero grupos opositores ven la normativa como una argucia legal para acallar las voces críticas al régimen, sobre todo en el apartado a “contrarrestar las agresiones cibernéticas” y “defender los logros alcanzados por el Estado socialista”.
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Human Rights Watch dijo en su informe mundial 2020, en el apartado sobre Cuba, que dicha ley dispone que es ilegal que los cubanos alojen sus sitios web en un servidor ubicado en un país extranjero, “que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.
HRW añadió que si bien el alcance de la norma continúa siendo poco claro, podría afectar a la mayoría de los sitios y blogs de noticias cubanos independientes que critican al Gobierno, que se encuentran hospedados en el extranjero deliberadamente.
La ley también prohíbe, agregó la organización, la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las infracciones pueden dar lugar a multas y confiscaciones de equipos.