El diputado Stewart Malcolm McDonald presentó esta semana una moción en el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a favor del derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente el próximo 15 de noviembre.
“Que esta Cámara toma nota de que el movimiento de la sociedad civil cubana, Archipiélago, ha convocado a marchas el 15 de noviembre de 2021 contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución a sus diferencias a través de canales democráticos y pacíficos”, explica el documento de la moción.
La iniciativa de McDonald, miembro del Partido Nacional Escocés, señala “que el Gobierno cubano ha negado hasta la fecha el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente y sigue deteniendo y encarcelando a quienes protestaron pacíficamente el 11 de julio de 2021”.
La moción presentada al Parlamento británico “pide al gobierno cubano que permita la protesta pacífica, libere a los presos políticos y entable un diálogo significativo con la sociedad civil cubana”.
La Marcha Cívica por el Cambio, declarada “ilícita” por el régimen comunista y cuyos promotores fueron amenazados con cárcel, pedirá que cese la violencia del Estado contra los disidentes, el respeto a los derechos humanos en Cuba y la liberación de presos políticos, unas 590 personas que en su mayoría ingresaron tras las rejas desde las masivas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio pasado.
Otras personalidades políticas del Reino Unido se han pronunciado a favor de la libertad de expresión en Cuba. El embajador británico en La Habana, Dr. Antony Stokes, criticó al régimen por emitir legislaciones que aumentan la censura de internet y la persecución de disidentes.
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“El hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada hoy por el #DecretoLey35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales”, denunció Stokes en su cuenta de Twitter, a propósito del anuncio el 17 de agosto de nuevas normativas para censurar legalmente el internet en la isla: el Decreto-Ley No.35 y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”.
Hugo Shorter, director para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, también mostró preocupación por las consecuencias del Decreto-Ley 35.
En agosto pasado, el funcionario se reunió con la embajadora cubana en Reino Unido y declaró que “esperamos que los embajadores Bandera del Reino Unido aborden en público y en privado temas de DDHH en los países anfitriones. Nos preocupan las implicaciones del Decreto Ley 35 para la libertad de expresión, derecho que defendemos en todas partes”.
