La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el pasado 19 de agosto al Decreto Ley 35/2021 del régimen cubano como una forma más de coartar la libertad de expresión en la isla.
El presidente de esa organización, Jorge Canahuati expresó que la nueva normativa que forma parte de un conjunto de medidas mayor para censurar la libre opinión en redes sociales, es una “nueva estocada contra la libertad de expresión”.
Según la agencia EFE, Canahuati señaló que el leguaje de la norma es “ambiguo”, lo que permite que la interpretación a conveniencia de las contravenciones que la conforman.
“Estas (las redes sociales) se han convertido en el principal medio que usan los ciudadanos para difundir y consumir información” dijo el líder de la SIP.
A su vez, Carlos Jornet, quien preside la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP apuntó que el Decreto Ley 35/2021 es una adición a las regulaciones en materia de comunicación que ya existen en la isla y cuyo fin recae en castigar a “periodistas, activistas, ciudadanos y toda posición crítica a la oficial”.
¿Qué expresa el Decreto Ley 35/2021?
La dictadura cubana anunció nuevas normativas para censurar legalmente el uso de internet en la Isla. Se trata del Decreto-Ley No.35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”.
Según Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicación (Mincom), "por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico".
También incluyen el llamado 'ciberterrorismo', como un concepto por el cual procesar a quienes disientan del régimen comunista de La Habana.
"Se reconoce el ciberterrorismo como aquellas acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella", agregan.
Con anterioridad al Decreto Ley 35 existía el Decreto Ley 370, que no fue derogado por el actual lo que indica que ahora el régimen tendrá dos normas legales por las cuales procesar a quienes se expresan contrario al gobierno en redes.
Oposición a nuevas normativas del régimen
Parte de la sociedad civil cubana y organizaciones de derechos humanos se han opuesto a estas leyes que criminalizan el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en el país.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó el pasado 17 de agosto la aprobación del Decreto-Ley 35 en Cuba "para reprimir la libertad de expresión en internet y redes sociales", declaró la organización en un comunicado.
"Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados", afirmó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.
Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, la legislación "busca coartar aún más la libertad de expresión y acceso a [la] información".
"La ley formaliza la represión digital, castigando el uso de redes sociales, bajo vagas categorías de incidentes de ciberseguridad", agregó la abogada y activista por los derechos humanos.
"El decreto 35, aprobado por la dictadura, no es más que la continuidad de una serie de leyes y regulaciones estatales a la libertad de expresión, partiendo de la propia constitución redactada por ellos. Pronto respirar estará prohibido", escribió en Twitter el promotor de Cuba Decide, Víctor Dueñas.
Por su parte, la emprendedora cubana Saily González, expresó que estaba en contra de esta nueva ley "porque viola la libertad de expresión del pueblo de Cuba". También el licenciado en Microbiología, Jorge Castro denunció que ahora el régimen busca quitarle a la sociedad civil el espacio virtual que han conquistado.
Desde el gremio periodístico también se pronunciaron los reporteros independientes Héctor Luis Valdés Cocho, María Matienzo, Claudia Padrón Cueto, José Raúl Gallego, entre otros.
"Ya no solo eres un delincuente por comprar en la calle un producto que no te garantiza el Estado que lo controla todo (receptación), o porque ese Estado piense que puedes cometer un delito aunque no lo hayas cometido (peligrosidad). También lo eres por compartir un contenido o hacer un comentario en Facebook. La criminalización de la vida cotidiana típica de los sistemas totalitarios", explicó Gallego, también académico estudioso de la comunicación.
Igualmente, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció este martes 17 de agosto que el régimen de Cuba aprobó nuevas legislaciones para limitar y censurar todavía más la libre expresión en internet.
