El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este 17 de agosto la aprobación del Decreto-Ley 35 en Cuba "para reprimir la libertad de expresión en internet y redes sociales", declaró la organización en un comunicado.
"Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que han sido internacionalmente denunciados", afirmó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.
El Decreto, publicado en la Gaceta Oficial de Cuba tipifica los incidentes de ciberseguridad y sus niveles de peligrosidad y califica como "difusión dañina" a los contenidos que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público".
Para el OCDH, una vez más el régimen promulga normas susceptibles de una interpretación tan amplia, que es evidente que son para perseguir a quienes disienten, agregó el texto
La sociedad civil cubana, ciudadanos "de a pie" y otras organizaciones pro-derechos humanos respondieron en tono similar a la aprobación de esta medida que, a juicio de abogados, periodistas y activistas opositores, va en contra de la Constitución de 2019.
Según Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, la legislación "busca coartar aun más la libertad de expresión y acceso a [la] información".
"La ley formaliza la represión digital, castigando el uso de redes sociales, bajo vagas categorías de incidentes de ciberseguridad", agregó la abogada y activista por los derechos humanos.
"El decreto 35, aprobado por la dictadura, no es más que la continuidad de una serie de leyes y regulaciones estatales a la libertad de expresión, partiendo de la propia constitución redactada por ellos. Pronto respirar estará prohibido", escribió en Twitter el promotor de Cuba Decide, Víctor Dueñas.
Por su parte, la emprendedora cubana Saily González, expresó que estaba en contra de esta nueva ley "porque viola la libertad de expresión del pueblo de Cuba". También el licenciado en Microbiología, Jorge Castro denunció que ahora el régimen busca quitarle a la sociedad civil el espacio virtual que han conquistado.
Desde el gremio periodístico también se pronunciaron los reporteros independientes Héctor Luis Valdés Cocho, María Matienzo, Claudia Padrón Cueto, José Raúl Gallego, entre otros.
"Ya no solo eres un delincuente por comprar en la calle un producto que no te garantiza el Estado que lo controla todo (receptación), o porque ese Estado piense que puedes cometer un delito aunque no lo hayas cometido (peligrosidad). También lo eres por compartir un contenido o hacer un comentario en Facebook. La criminalización de la vida cotidiana típica de los sistemas totalitarios", explicó Gallego, también académico estudioso de la comunicación.
"Nueva forma de criminalizar el periodismo independiente en Cuba. Ya es ley que seamos “delincuentes” para el discurso oficial. Cuba apuesta por una sociedad amordazada. El llamado #SOSCuba es más abarcador cada día", añadió Matienzo en su Twitter.
Igualmente, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció este martes 17 de agosto que el régimen de Cuba aprobó nuevas legislaciones para limitar y censurar todavía más la libre expresión en internet.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para las Américas de HRW, entidad de referencia en materia de derechos humanos en el mundo, expuso en Twitter que “el régimen cubano restringe aún más el internet: Hoy publicó varias normas que permiten interrumpir el internet cuando se publique información que el gobierno considere 'falsa'”.
El abogado chileno criticó que “tratan la divulgación de noticias que dañen el 'prestigio del país' como casos de ciberseguridad”.
La dictadura anunció nuevas normativas para censurar legalmente el internet en la Isla. Se trata del Decreto-Ley No.35 de “las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico”, y la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”.
Según publicó el medio oficialista Cubadebate, la resolución ejecutará lo establecido en el Decreto 360/2019 —la ley que controla el ciberespacio nacional— que tiene "carácter preventivo y alcance a toda la sociedad".
De acuerdo con Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Ministerio de Comunicación (Mincom), "por primera vez el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico".
La nota oficial explica que a partir de ahora serán tipificados como delitos hechos como "el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país".
También incluyen el llamado 'ciberterrorismo', como un concepto por el cual procesar a quienes disientan del régimen comunista de La Habana.
"Se reconoce el ciberterrorismo como aquellas acciones mediante el uso de las TIC cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella", agregan.
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Por otro lado, Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del Mincom, dijo que el Decreto-Ley No.35 es la primera norma jurídica de rango superior aprobada en la Isla sobre los servicios de Telecomunicaciones, las TICs y el Uso del Espectro Radioeléctrico. Reitera que el Estado cubano tiene el monopolio de las telecomunicaciones y con ello, la facultad de regular, ordenar, controlar y fiscalizar los diferentes servicios y redes de telecomunicaciones/TIC; así como otorgar el derecho a su explotación.
