Alrededor de una treintena de familias de inmigrantes dominicanos y cubanos radicados en Uruguay, quedarán en la calle el próximo lunes. La Justicia negó una prórroga para el desalojo y deberán abandonar el inmueble que habitan.
Según se precisa en un reporte del diario La República, “estas familias fueron estafadas por el titular del inmueble, quien les vendió las habitaciones por un costo de entre 10 mil y 20 mil pesos y a su vez, les cobraba una cuota mensual, dependiendo del espacio que ocupaban”.
En octubre de 2019 el propietario real del inmueble -destaca La República- llegó a un acuerdo con las víctimas para que desalojaran el lugar en mayo. Un asesor legal de la ONG Idas y Vueltas, pidió una prórroga por 120 días apelando a la emergencia sanitaria por el contexto de la pandemia del coronavirus.
Esta prórroga se vence el próximo lunes y la Justicia negó una nueva solicitud de extensión para evitar que los inmigrantes queden en la calle.
La presidenta de la ONG Idas y Vueltas, Susana Nogaro, refirió que las autoridades jurídicas negaron la solicitud de prórroga y precisó “que presentarán un nuevo recurso para que los organismos de estado brinden una solución a las familias”.
Nogaro declaró que “es impensable que en medio de la pandemia se deje a estas familias en la calle”. Entre los desalojados se encuentran 46 personas, cinco menores de edad y una embarazada de cuatro meses y tres mayores de 60 años.
Con el nuevo recurso se buscará una notificación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el INAU y la Intendencia de Montevideo (IM) con el objetivo de que alguna de las instituciones “se pueda hacer cargo de la situación de estas personas”, expresó Nogaro.
“Es muy difícil encontrar otro lugar, los refugios no tienen cupo y nos los admiten en pensiones con niños”, agregó. Detalló además, que “la Justicia denegó un recurso de prórroga, y se justifica con que era el acuerdo al que se había llegado” cuando se firmó.
La semana anterior ADN Cuba publicó sobre una red de trata de personas, proxenetismo y explotación que desarticuló la unidad policial que lidera la Operación Océano de explotación sexual en Uruguay. Según informaciones publicadas por Subrayado, hasta el momento, entre las víctimas han sido identificadas ocho extranjeras de entre 25 y 39 años procedentes de Cuba, Venezuela y República Dominicana.
Desde hace más de un año Interpol investiga una posible red de tráfico de ciudadanos cubanos al país, que se había iniciado como consecuencia de una denuncia de la Comisión de Refugiados de Cancillería.
La llegada masiva de cubanos al país ha llegado a saturar los servicios a inmigrantes. De enero a setiembre de 2018 ingresaron a Uruguay 8 mil 477 cubanos, alrededor de 942 al mes, según datos de la Dirección de Migraciones. Esta cifra duplica la de 2017, año en el que ingresaron 4 mil 577, y quintuplica la de 2016 cuando llegaron 1773. Los datos de 2019 y lo que va del actual año se continúan actualizando.
