Este martes 15 de septiembre apareció publicado en la Gaceta de Costa Rica el proyecto 22.194 "Convenio en materia migratoria entre el gobierno la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Cuba", que reactivaría las deportaciones de cubanos a la isla, suspendidas desde 2016.
El convenio fue firmado el 23 de abril de 2018 con el régimen de La Habana, pero recién el pasado 7 de septiembre, el gobierno costarricense lo envió al Congreso, para que los diputados procedan a votarlo.
Este proyecto se aprobaría con una mayoría simple, es decir, la mitad de los congresistas presentes el día de la votación, más uno.
Resulta alarmante que por más de dos años, el gobierno de Costa Rica haya engavetado el convenio y lo saque recientemente.
Esta noticia coincide con la presencia de cientos de cubanos en la frontera norte de Costa Rica, desde el pasado 7 de agosto, que piden seguir hacia otros países de la región.
Sin embargo hay que aclarar que, según datos recopilados por la Dirección General de Migración de ese país, el 90% de estas personas ya cuenta con una solicitud de refugio y tienen permiso de trabajo temporal, pero no han tenido suerte en la búsqueda de trabajo y estabilidad, menos en medio de la pandemia del coronavirus.
Entre enero de 2019 y marzo de 2020 llegaron a Costa Rica más de 3200 cubanos para pedir refugio, según datos de Migración y Extranjería de ese país y precisamente ahora centenares de ellos se enfrentan a la pobreza.
En una investigación previa publicada por ADN, las personas provenientes de Cuba constituían el tercer grupo que más refugio pedía en ese país centroamericano; pues bien, en este nuevo corte pasaron al segundo lugar, desplazando incluso a los venezolanos, que también atraviesan una grave crisis.
Cabe recordar que a finales de 2015, con la inminente derogación de la famosa Ley de Pies Secos-Pies Mojados, llegaron a Costa Rica 4817 cubanos desde donde podían, cruzando el Tapón de Darién (Colombia), a través de Panamá; del sur hacia el norte. Su tránsito fue respondido por el régimen nicaragüense con gases lacrimógenos y el gobierno de Luis Guillermo Solís asumió entonces el cuidado de ellos, se aseguró de cruzarlos en aviones a México y El Salvador, para continuar su camino.
Luego de lo anterior, las deportaciones fueron suspendidas en enero del 2016, tras un fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica, que impidió la deportación de 30 cubanos, bajo el alegato de que corrían peligro si regresaban a la isla.
La sentencia obligó a Migración a enviarlos a un tercer país que estuviera dispuesto a recibirlos o dejarlos en libertad.
Tras una consulta de ADN Cuba a la Dirección General de Migración y Extranjería sobre si los cubanos a los que les rechacen el refugio aplicarían para estas deportaciones, la institución expresó:
"Cuando a las personas extranjeras de cualquier nacionalidad se les deniega un trámite de categoría migratoria, se les indica un periodo para ya sea apelar, presentar otra solicitud o salir del país. En el caso de que no presente otra solicitud, se encontrará de forma irregular y serán sujetos de deportación".
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La introducción de este nuevo tratado en materia migratoria habla de un "interés en intensificar las relaciones bilaterales en un clima de confianza" y de la "necesidad de facilitar los flujos migratorios regulares que beneficien a ambos países, desalentando los flujos irregulares".
¿Qué dice el convenio sobre las deportaciones?
Lo más relevante del convenio es sin duda la reactivación de las deportaciones como ya mencionamos anteriormente.
El inciso f) artículo 2, reza que uno de los objetivos del mismo es "mejorar los procesos de documentación migratoria y agilizar los trámites de deportación de conformidad con la legislación interna de cada país y de acuerdo con el presente Convenio".
El artículo 10 detalla los casos específicos que aplican a esta medida:
El Gobierno de la República de Costa Rica podrá deportar y el Gobierno de la República de Cuba aceptará, a los ciudadanos cubanos que incurran en violaciones de las leyes migratorias costarricenses que se encuentren en las condiciones migratorias siguientes:
a) Los ciudadanos cubanos que hayan salido de Cuba temporalmente y se encuentren en el tiempo de estancia en el exterior dispuesto por las leyes cubanas, contado desde
su salida de Cuba.
b) Los ciudadanos cubanos que ostenten en su pasaporte un Permiso de Residencia en el Exterior (PRE) o la actual categoría de Residencia en el Exterior (RE).
c) Los ciudadanos cubanos que procedan directamente desde Cuba o un tercer país, arriben o hayan arribado de forma irregular por la vía marítima, aérea o terrestre al territorio de la República de Costa Rica, siempre que estén comprendidos en las categorías migratorias previstas en los incisos a) y b) de este propio Artículo.
El artículo 12 reza que las respuestas a las solicitudes de deportación mencionadas en el artículo 10, no excederán los 30 días a partir de su recibo en la Embajada de la República de Cuba en Costa Rica, para las deportaciones por la vía aérea.
Las deportaciones realizadas por la República de Costa Rica se ejecutarán por la vía aérea por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
El gobierno del país centroamericano debe realizar la deportación en un plazo no mayor a 60 días naturales, contado a partir de la notificación de la aceptación por parte del régimen.
En relación con los ciudadanos cubanos deportados por la vía aérea, el gobierno de Costa Rica se compromete a facilitar el financiamiento de los costos de sus pasajes a Cuba, a través de vuelos privados o comerciales en dependencia del número de personas.
Para conocer más sobre visitas oficiales, acuerdos y convenios entre el régimen de La Habana y Costa Rica puede leer una investigación de ADN Cuba sobre el tema en 2019.
