El número de sancionados por delitos relacionados con la pandemia de la COVID-19 continúa en aumento. En esta ocasión le tocó a la provincia de Pinar del Río, donde más de 70 personas fueron juzgadas y condenadas, según un artículo publicado en el diario estatal Guerrillero.
El mencionado diario refiere que como parte del enfrentamiento al SARS-COV-2, los órganos judiciales en Pinar del Río, "durante los meses anteriores tramitaron procesos sobre delitos vinculados al incumplimiento de las medidas dictadas por la máxima dirección del país para evitar los contagios por la COVID-19".
El delito más recurrente fue el de propagación de epidemias, el cual ha estado asociado en varios casos "a otras actitudes como el desacato o la desobediencia", algo que ocurre cuando la persona, al ser requerida por un agente del orden público por incumplir alguna de las medidas dispuestas para el enfrentamiento a la COVID-19, "responde de forma irrespetuosa o contraria a las indicaciones del funcionario del orden público".
De igual manera fueron detectados individuos en posesión de armas blancas, "en lugares o circunstancias que hacían presumir su empleo en la comisión de un hecho delictivo, proceder que revela elevada peligrosidad y concita la inseguridad de la ciudadanía", algo que sin dudas es una consecuencia más de la difícil situación económica por la que atraviesa el pueblo desde 2018.
Y como si no pudiera faltar, Guerrillero hace referencia a los delitos de acaparamiento, especulación y actividad económica ilícita, asociados a las colas y el desabastecimiento que sufren las tiendas y establecimientos comerciales del régimen, como parte de la crisis económica.
"De igual manera, sobresalió y se mantiene la ocurrencia de delitos que afectan las posibilidades adquisitivas de la población, en un periodo con serias carencias en la distribución de productos de primera necesidad; tal es el caso de la especulación y el acaparamiento, en virtud de los cuales se procesaron y sancionaron ciudadanos que se dedicaban a revender productos a precios muy superiores a los de adquisición en los centros comerciales estatales, lucrando así a costa del pueblo trabajador".
"También recibieron la respuesta penal individuos inescrupulosos que, aprovechándose de las circunstancias existentes, se dedicaban a actividades económicas ilícitas, vinculadas al expendio de turnos en las tiendas que operan en monedas libremente convertibles, a cambio de altas sumas", precisó el medio.
Según lo expuesto por Liosbel Márquez García, presidente del Tribunal Provincial Popular, hasta el cierre del 20 de julio fueron celebrados 60 juicios en los cuales se juzgaron y condenaron a 71 personas, 19 de ellas en la ciudad de Pinar del Río, otras 17 en el municipio de Sandino, 11 en Consolación del Sur, siete en San Juan y Martínez, seis en San Luis, cinco en Los Palacios, tres en Guane, dos en La Palma y una en Minas de Matahambre.
Asimismo explicó que de las penas impuestas, 34 implicaron el encierro de los enjuiciados, lo que significa el 47.9 por ciento de los casos; "23 acusados, atendiendo a los hechos cometidos y a sus características personales, recibieron penas sustitutivas de la privación de libertad, que los mantendrán bajo el seguimiento y la atención de los jueces de ejecución y de los organismos, organizaciones y entidades encargados del control de estas personas en la sociedad; aunque de estos 16 también recibieron adicionalmente una sanción pecuniaria".
A otros 14 procesados se les aplicaron multas en elevadas cuantías, en correspondencia con la naturaleza del delito cometido, y las posibilidades de enmienda de los mismos.
