El próximo 14 de agosto tendrá lugar en La Habana el juicio contra una enfermera sospechosa de provocar la muerte de la niña Paloma Domínguez Caballero, fallecida el año pasado, tras recibir la vacuna triple viral PRS en un policlínico de Alamar.
Así lo informó Yaima Caballero, la madre de la pequeña, en su Instagram.
"Y llego la fecha del juicio de la asesina de mi hijita según el Minsap!!! 14 de agosto de 2020 a las 10 am. Tribunal Provincial Popular de La Habana", escribió acompañando el texto con la notificación.
Finalmente en noviembre pasado, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) informó los resultados de la investigación realizada para esclarecer lo que el propio ministerio ha calificado como “un evento adverso asociado a la vacunación con PRS” ( aplicada contra Parotiditis, Rubéola y Sarampión).
El “evento adverso” a que se refiere la información oficial— publicada por Granma, el diario del Partido Comunista de Cuba— es la muerte de una bebé de un año llamada Paloma Domínguez Caballero y los síntomas presentados por otras dos niñas cubanas tras recibir la vacuna el día 7 de octubre en el Policlínico “Betancourt Neninger”, en el municipio Habana del Este, de la capital de la Isla.
Paloma falleció el día 9 de octubre “como consecuencia de las complicaciones”, mientras las otras dos niñas “se recuperaron y fueron dadas de alta” luego de recibir el tratamiento intensivo.
Las autoridades cubanas aseguran que una Comisión del MINSAP se encargó de esclarecer el asunto.
Las causas del lamentable suceso habrían sido entonces “violaciones de las normas establecidas en la vacunación, provocados por negligencias durante el proceso de conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo utilizado”.
La negligencia médica o los daños derivados de la atención médica han sido un tema tabú en la sociedad cubana, escasamente reportado en la prensa oficial. En Cuba no existen organizaciones de la sociedad civil a las que se les permita realizar investigaciones independientes sobre el sistema de salud y que puedan dar evidencia para la incidencia política, y mejorar la rendición de cuentas de los servicios médicos.
