El estudio más reciente de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión sitúa a Cuba entre los países que menos acceso permite a la información en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
"Todos los países relevados en este estudio han decretado la emergencia sanitaria, a excepción de Cuba. El estado de emergencia y excepción habilita procesos más expeditos de compras y contrataciones, así como la r eorientación de recursos y prioridades; pero no exime las obligaciones legales de rendir cuentas. De modo que la emergencia no debería obstaculizar la tramitación de estos procesos con prácticas de transparencia activa que permitan el acceso público a la información
necesaria para identificar las prioridades políticas y el destino de los fondos", agrega el documento.
También manifestaron preocupación especialmente por Venezuela y Nicaragua, y Cuba donde las organizaciones informan la ausencia absoluta de información vinculada a las compras y contrataciones relacionadas con el abordaje de la pandemia.
Sobre el posible aumento de la violencia de género en este contexto, resulta que el 33% de los países estudiados, incluida la isla, no cuentan con estadísticas al respecto.
"Por un lado, se registran prácticas de restricción en el acceso a la información para algunos periodistas, como en el caso de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que siguen sin abrir a medios independientes las ruedas de prensa sobre el Covid-19; o el de Guatemala que eliminó de los grupos de Whatsapp por los que se distribuye la información, a periodistas que cuestionan prácticas oficiales", sentencia el informe.
Esta organización también menciona al tristemente célebre Decreto ley 370, un instrumento jurídico que limita la libertad de expresión en Cuba.
El 4 de julio de 2019 el número 45 de la Gaceta Oficial de Cuba publicó el Decreto Ley 370, el cual establece un amplio control por parte del gobierno sobre internet.
Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs, como instrumento para la defensa de la Revolución”.
Específicamente el inciso i del artículo 68 dice que considera una contravención asociada a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
También el inciso f del artículo anterior reza que es una violación “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.
Por otro lado alegan los expertos que aun sin emergencia sanitaria el 67% de los países consultados informa que no tiene las condiciones para un goce pleno del acceso a la información pública.
El 13% no tiene una regulación normativa de este derecho (Cuba y Venezuela), el 27% informa que la norma existe formalmente pero consideran que es incumplida de manera sistemática (Bolivia, Nicaragua, Honduras y Guatemala), el 27% no cuenta con un órgano garante en los términos que reconocen los
estándares internacionales en la materia (Paraguay, República Dominicana, Brasil y Uruguay).
Dicho estudio evaluó la situación del goce a los derechos de acceso a la información pública (AIP) y libertad de expresión (LE) hasta el 30 de abril de este año en Bolivia, Cuba, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, México, y Nicaragua.
El mismo se repetirá mensualmente a efectos de ver la evolución de estas variables a lo largo del tiempo.
