Osvel Bárzagas Claro, miembro del Partido Autónomo Pinero, fue condenado este miércoles en un tribunal del municipio especial Isla de la Juventud, tras rechazar que la policía política confiscara su teléfono celular.
Loisel Castro, activista residente en Nueva Gerona, informó en Facebook que el “juicio sumario” contra Barzagas por el supuesto delito de “desobediencia” concluyó con la condena del activista a 10 meses de trabajo correccional con internamiento.
“Todo ocurrió cuando la Seguridad del Estado [lo] multó arbitrariamente con el Decreto Ley 370 por sus publicaciones en Facebook, con una multa de 3000 pesos y seguidamente a la ocupación de su teléfono celular”. Pero Barzagas “no estuvo de acuerdo y rompió el teléfono antes de entregarlo”.
Según Loisel Castro, “nuevamente nos encontramos ante un caso de represión y de falta de libertad de expresión por parte del régimen totalitario que pretende silenciar las voces de los cubanos que desean un nuevo amanecer para Cuba”.
La periodista independiente Camila Acosta recordó en redes sociales que Bárzagas “fue igualmente detenido tras las protestas del #11J en #Cuba y liberado un mes más tarde con multa administrativa (Decreto 310)”.
“La justicia en Cuba no es imparcial y viola la presunción de inocencia. El enjuiciamiento a activistas tiene trasfondo político”, agregó Acosta.
“Cuando le aplicaron el Decreto-Ley 370 a Osvel Bárzagas el 21 de abril de 2022, además de la multa de tres mil pesos le intentaron ocupar su teléfono. En la Isla de la Juventud es común que las autoridades roben a los opositores sus pertenencias, abusando de la figura del decomiso sin siquiera entregar actas de ocupación”, afirmó en redes sociales el periodista de investigación José Raúl Gallego.
Bárzagas Claro, fue multado por el Decreto-Ley 370, en su caso por denunciar en Facebook que el Ministerio del Interior estaba distribuyendo un documento impreso con datos personales de miembros de su organización. La secretaria ejecutiva de la organización política opositora, Dayanis Salazar Pérez, también fue sancionada por sus publicaciones en redes sociales.
El Decreto-Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, entró en vigor en julio de 2019. Conocido entre los activistas y periodistas independientes como “Ley azote”, es utilizado por el gobierno para sancionar a los ciudadanos que divulguen en redes sociales sus opiniones o información que el régimen comunista considere no convenientes.
Un registro del proyecto de periodismo de datos Inventario, contiene al menos 60 multas por el Decreto-Ley 370, impuestas a 54 personas en nueve provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud.
Según esta publicación, “los sancionados suelen ser opositores, activistas y periodistas independientes –aunque también hay casos de ciudadanos comunes— a quienes se les aplica el inciso i) del Artículo 68, que considera una violación 'difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas'”.
La sanción más común es la multa correspondiente de 3000 pesos cubanos, aplicada a veces junto con la confiscación del teléfono celular de la persona, agrega Inventario.
