La plataforma de activismo feminista Yo Sí te Creo en Cuba denunció que el mitin de odio político contra la acuartelada de San Isidro Anyell Valdés Cruz y su familia, ocurrido el 22 de febrero, es violencia de Estado con sesgo de género.
El grupo independiente emitió una declaración luego de revisar las leyes cubanas vigentes, y concluyó que la agresión es “un caso de violencia política de Estado con sesgo de género, y que afecta además los derechos fundamentales de tres niñes (sic)”.
Señalaron que “esta familia fue víctima de un mitin de repudio (discurso y acto de odio) en el lugar donde vive en Arroyo Naranjo, por una pintada política ['Patria y Vida'] que colocaron en su fachada”.
En el domicilio se encontraban, durante el “acoso con consignas y el allanamiento”, los niños de Anyell, dos de cinco años y uno de 10 años.
La justificación para la violencia fue que la instalación donde vive la familia es un local del Comité de Defensa de la Revolución (CDR).
“Constatamos con la familia, que ocuparon desde hace cinco años esa instalación, entonces abandonada y llena de basuras, para escapar de una vivienda más precaria cerca de un río, que afectaba la salud de los entonces bebés. Además, nos informan que las autoridades amenazan con hacer cumplir una orden de desahucio”, explicó Yo Sí Te Creo en Cuba, en sus redes sociales.
El colectivo feminista señaló: “Conocemos que la ocupación es una infracción de la ley, sin embargo, apuntamos para este caso valorar otras soluciones antes que el desalojo, dado que el Estado incurriría en una serie de violaciones” respecto a los menores.
La plataforma, relaciona los enunciados de la Constitución cubana, donde se asegura que la niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la sociedad, que estarían violándose con las acciones contra Anyell Valdés.
Lea también
En el Capítulo V, Educación y Cultura, se menciona que “la familia, la escuela, los órganos estatales y las organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la juventud”, por lo que Yo Sí Te Creo en Cuba apunta que “los CDR, son una organización de masas”.
El artículo 86 indica que: “El Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral para lo cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan. (...) Son protegidos contra todo tipo de violencia”.
Por otro lado, en el artículo 84, se defiende el derecho de los menores de edad a que sus madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones de guarda y cuidado, les garanticen el cumplimiento de sus derechos, los protejan de todo tipo de violencia y contribuyan activamente al desarrollo pleno de su personalidad.
“Cuba es estado parte de la Convención de los Derechos del Niño desde 1991, y la actual Constitución permite que se aplique en el territorio nacional los tratados internacionales firmados por el país”, afirman las activistas feministas.
Esta convención indica en su artículo 3 que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Además, que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.
Por todo ello, Yo Sí Te Creo en Cuba responsabiliza “al Estado y las autoridades administrativas del municipio y la provincia de los daños psicólogos y la violencia a la que ha sido sometida esta familia”.
“Vemos con preocupación la recurrencia de intentos de desalojos de madres solteras y sus hijes (sic), que ocuparon locales al no tener alternativas habitacionales”, denunció la plataforma.
Foto de portada: Katherine Bisquet Rodríguez
