El régimen cubano juzgó por el delito político de sedición a 32 participantes en las protestas del 11 y 12 de julio en La Habana (11J) entre el 13 y el 23 de diciembre, denunció la activista Salomé García Bacallao, miembro del grupo Justicia 11J, que recopila denuncias de detenidos y desaparecidos tras las manifestaciones.
En un post en su perfil de Facebook, la activista detalló las condenas de los 32 manifestantes juzgados, las cuales oscilan entre los 12 y los 30 años de privación de libertad, y acusó crueldad de las autoridades por “dictar estas sentencias días antes de Navidad”.
Entre los sentenciados hubo 15 manifestantes del barrio La Güinera, donde se produjo la única muerte reconocida por el régimen en las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla.
Sobre ellos, García Bacallao señaló que, pese a que su protesta fue pacífica, el régimen los condena a pasar, en algunos casos, “más años de los que han vivido” porque “son testigos del asesinato extrajudicial de Diubis Laurencio Tejeda”.
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“También piensan que porque son de barrios marginalizados nadie va a reclamar por ellos”, agregó la activista, que criticó que los juicios hayan “transcurrido en total opacidad, con las calles militarizadas y con testigos fabricados, por lo general policías o agentes del Minint” (Ministerio del Interior).
De acuerdo con García Bacallao, a partir de la información recopilada por Justicia 11J, al menos 141 personas están acusadas en La Habana y Holguín del delito de sedición por participar en las protestas del 11 de julio, incluidos 14 menores de 18 años.
“Ya sus familiares están cansados de tanta injusticia y no se van a callar más. Seguridad del Estado, ¿hasta cuándo es el abuso? ¡Esto no tiene ni perdón ni olvido! No vamos a permitir que utilicen a estas personas inocentes para negociar sanciones o prebendas”, sentenció la activista.
“¡Recuerden que en esos expedientes judiciales llenos de mentiras están los nombres de los fiscales y de todos los represores! Yo no sé si Díaz-Canel va a pagar por dar la orden de combate, pero ellos sí van a pagar”, añadió, en alusión a las sanciones que organizaciones de la comunidad internacional y gobiernos extranjeros podrían dictar contra funcionarios judiciales y represores vinculados a los juicios.
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La activista Carolina Barrero, acosada continuamente por el régimen, detalló este sábado en su perfil de Facebook que los juicios contra los 15 manifestantes de La Güinera se produjeron los días 14, 15 y 16 de diciembre, en la sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de Diez de Octubre.
Barrero explicó que estaban inicialmente acusados por desorden público y desacato, pero que terminaron siendo juzgados por sedición.
“Las condenas son desproporcionas como el delito, como la realidad misma”. Miro en derredor y no encuentro lugar a la celebración. Podrá escucharse la música, pero solo enmascara, como una sábana sucia que torpemente cubre la vergüenza y el dolor”, escribió.