La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) afirmó este lunes 11 de octubre que el presidente Miguel Díaz-Canel “ha declarado una política de terror contra la desarmada población civil”.
La organización emitió un informe sobre represión en la isla en el que analiza la estrategia empleada por “la dictadura” tras la orden oficial de combatir en las calles a los manifestantes que el 11 de julio pidieron “libertad”, entre otras demandas.
“La reacción de la élite de poder frente a la explosión social que de forma espontánea se produjo el 11 de julio a escala nacional (…) fue la masificación de la represión y la intensificación de su crueldad. A excepción, por el momento, del uso de la pena de muerte por fusilamiento, el mandatario Díaz-Canel ha declarado una política de terror contra la desarmada población civil”, denunció la FDHC.
La entidad expone que en Cuba “se ha decretado una doctrina de seguridad nacional contra un enemigo interno: todos aquellos los que disienten y protestan contra el sistema vigente. Esta es una guerra contra todo el pueblo”.
En el periodo analizado (11 de julio-septiembre del 2021), el Estado desplegó un “amplio arsenal de medidas represivas contra la población”.
La FDHC denuncia “detenciones masivas arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios sumarísimos, retenciones en domicilios, golpizas contra los manifestantes, torturas contra los detenidos y sus familiares, amenazas de secuestro a activistas radicados en el exterior, intimidaciones con quitar la custodia de los hijos y entregarlos al Estado, militarización de todas las poblaciones del país, restricciones a las libertad de movimiento local, municipal, y provincial”, entre otras.
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El informe señala que, si bien estos métodos “fueron usados desde la década de los años sesenta del siglo pasado –cuando con extrema frecuencia también se usaba la pena de muerte aún vigente (…)– nunca habían sido empleados a esta escala de masividad nacional”.
“Hoy la represión no es solamente contra opositores y periodistas independientes, sino contra ciudadanos corrientes, muchos de los cuales están afiliados a algunas de las instituciones oficiales de 'masas' e incluso a la Unión de Jóvenes Comunistas”, añadieron.
El reporte de la FDHC señala que “los fiscales y tribunales sumarios del Ministerio de Justicia de la dictadura han considerado insuficiente la naturaleza ya de por sí represiva y totalitaria de la legislación vigente y la han manipulado al antojo del Ministerio del Interior. En ese ejercicio han hecho un esfuerzo por despolitizar los procesos evitando usar categorías de atentado contra la Seguridad del Estado para criminalizar la protesta ciudadana como si fuesen delitos comunes”.
Denuncia que “se han fabricado incluso acusaciones de instigación a delinquir contra menores que sacaban fotos con sus celulares. Han detenido a opositores conocidos en sus casas que no estaban participado en las protestas y en fecha reciente comenzaron presiones sobre algunos influyentes disidentes hoy en prisión para que acepten ser liberados a cambio de su inmediato destierro”.
“Desapariciones forzadas”, “multas arbitrarias y sumamente costosas” para el ciudadano común, decretos de censura en internet y cortes masivos del servicio, así como el uso de armas de fuego, son otros aspectos de la actuación del gobierno castrista expuestos por la organización de derechos humanos.
“Las fuerzas policiales fueron las únicas que hicieron ostentación y uso letal de armas de fuego contra ciudadanos pacíficos que en muy pocos casos repelieron esas agresiones lanzando piedras contra los vehículos de la policía. Hubo varios ciudadanos heridos de bala - en un caso al entrar la policía a su domicilio y dispararle frente su esposa e hijos- y un manifestante fallecido en la calle por un disparo en la espalda de las fuerzas militares”, denunció la FDHC.
Según el Centro de Información Legal, Cubalex, hasta el 8 de octubre al menos 1116 personas fueron detenidas en Cuba en el contexto de las manifestaciones del 11J.
