Cuba arriba a la evaluación de medio término del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos, sin cumplir al menos siete de los compromisos adquiridos en 2018, en relación a los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, informaron las organizaciones Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en un documento.
El texto sobre los avances y retrocesos de Cuba en el cumplimiento de los compromisos que asumiera en el marco del EPU 2018, fue enviado a las representaciones de los Estados ante Naciones Unidas en Ginebra y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así como a la Unión Europea.
En su último reporte del EPU, Cuba usó el respaldo de 224 ONGs, entre ellas la Federación Cubana del Deporte Canino, Sociedad Meteorológica de Cuba, Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, Federación Cubana de Actividades Subacuáticas, Sociedad Cubana de Urología, Sociedad Cubana de amigos de los Équidos y la Sociedad Cubana de Vaqueros de Rodeo.
El informe denuncia la “persistencia y agravamiento de situaciones de represión, hostigamiento, allanamiento, detenciones arbitrarias, vinculadas al ejercicio efectivo de la libertad de expresión en diferentes ámbitos de la vida social en Cuba” y los decretos 349, que regula y limita la libertad de expresión artística; y 370, que establece sanciones a la libre distribución de información a través de Internet que “dieron lugar a reiterados y severos episodios de represión, detenciones arbitrarias, captura y ruptura de elementos de trabajo”.
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Además, destacan que no ha habido “avances normativos y procedimentales de ningún tipo en relación al derecho de libertad de asociación” y que se registraron múltiples hechos de represión y hostigamiento por parte del Gobierno a distintos miembros de la sociedad civil independiente en el marco del ejercicio de su derecho de manifestación pacífica.
El informe para el que fueron consultados una veintena de líderes de la sociedad civil independiente en Cuba y documentos oficiales recuerda que la Constitución de 2019 incorporó un artículo sobre el derecho a solicitar y recibir información del Estado, “pero sin avances efectivos respecto a su institucionalización”.
Por otro lado, se señala que la sanción del Decreto Ley N°6 “Del Sistema de Información del Gobierno” establece “un marco regulatorio para la producción y difusión de estadísticas oficiales sumamente restrictivo y sesgado”.
Asimismo, el gobierno de Cuba prometió la sanción de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pero “aún no ha dado señales de implementación de mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil independiente para su diagramación”.
El gobierno cubano también se comprometió a aumentar los niveles de conectividad y acceso a internet, aunque “aún resulta excesivamente caro para la mayoría de la población”.
El informe de Cuba ante el Examen Periódico Universal (EPU) presentado en 2018 durante la sesión 39 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue criticado por no tener “escrutinio, sino elogios”.
“El Examen Periódico Universal es un procedimiento muy importante, es una oportunidad para que los países sean examinados y se les realice un escrutinio en aras de mejorar el desempeño en relación con los derechos humanos y mejorar también la realidad de los ciudadanos sobre el terreno. Nos preguntamos, ¿Está sucediendo esto? ¿Está siendo implementado el EPU de manera apropiada?”, dijo la activista venezolana Rosa Salazar, en representación de United Nations Watch.
(Tomado de Radio Televisión Martí)
