La Embajada de Estados Unidos en Cuba criticó este lunes 25 de octubre “duras condenas” solicitadas a jóvenes por manifestarse el 11 y 12 de julio contra el gobierno comunista.
“El régimen de Cuba sigue anunciando duras condenas de hasta 27 años para los manifestantes, incluyendo cargos de sedición contra menores”, expuso en la Embajada en su cuenta de Twitter.
“Pedimos al régimen que respete las libertades fundamentales del pueblo y libere a todos los manifestantes pacíficos detenidos. #PresosPorQué”, añadió el gobierno de EEUU a través de su delegación diplomática en La Habana.
Este sábado, el grupo de activistas Justicia 11J que recopila denuncias de detenidos y desaparecidos tras las protestas de julio reveló que la Fiscalía Provincial de La Habana “ha comenzado a utilizar el delito de sedición con una connotación política para enjuiciar a jóvenes de La Güinera que salieron a manifestarse”.
Según expuso en sus redes sociales Justicia 11J, las condenas que exige para los ciudadanos rebasan los 20 años de privación de libertad en la mayoría de los casos, lo que evidencia el uso de la sedición “como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política”.
“La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista. El 11 de julio en Cuba fue espontáneo”, subrayó el grupo independiente integrado por periodistas, juristas y activistas.
La Fiscalía pide 20 años de condena para dos ciudadanos, 21 años para 15, 25 años para ocho y 15 para cinco manifestantes. Destacan los casos de Emiyoslán Román, a quien “esperaron que cumpliera 18 años de edad en prisión para proponer condena de 15 años”, y de Elieser Gordín Rojas, para el que solicitan 27 años en prisión.
En la provincia Mayabeque, la Fiscalía pide 25 años de privación de libertad para Maikel Puig Bergolla, quien solo observó la manifestación popular en su municipio Güines, según declaró su esposa Saily Núñez Pérez a ADN Cuba.
“No se manifestó; solo observamos él y yo lo que estaba sucediendo”, contó Núñez Pérez.
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La petición del fiscal es de una sanción conjunta de 25 años de cárcel, por la presunta comisión de los delitos “desórdenes públicos”, “desacato”, “instigación a delinquir” y “tentativa de asesinato”.
En la oriental provincia de Santiago de Cuba, el pastor Lorenzo Rosales del municipio Palma Soriano, se enfrenta a una solicitud de condena de 10 años, por las protestas antigubernamentales.
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos. El mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel”, señaló Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Familiares de víctimas, activistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron el 21 de octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al gobierno cubano una visita in loco para constatar el estado de las personas privadas de libertad.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, informó que su ONG y el grupo de activistas de Justicia 11J han registrado más de 1 130 detenciones tras el estallido social. Continúan prisioneras 572 personas y varias han denunciado “actos de tortura y malos tratos”.
