Familiares de víctimas, activistas y organizaciones de la sociedad civil pidieron este 21 de octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicite al gobierno cubano una visita in loco para constatar el estado de las personas privadas de libertad.
Las visitas de investigación in loco de la CIDH están consideradas la vía más apropiada para recabar el material de los informes especiales sobre derechos humanos en los países de la región.
Este jueves, durante la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba”, en el marco del 181º período de sesiones de la CIDH, la promotora de Cuba Decide e integrante de las Damas de Blanco Sayli Navarro, relató la detención que sufrió junto a su padre Félix Navarro el 11 de julio.
Según un comunicado difundido por la ONG Article 19, Sayli denunció que Félix Navarro, de 68 años y presidente del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, se contagió de COVID-19 en prisión y aún no han podido verlo.
También expuso los casos de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu); Fernando González, Roilán Zárraga y José Pupo, miembros de la Unpacu y promotores de Cuba Decide; y las activistas Keilylli de la Mora y Rosa Jany Milo Espinosa.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, informó que su ONG y un grupo de activistas han registrado 1 130 detenciones tras el estallido del 11J. Continúan prisioneras 572 personas y varias han denunciado “actos de tortura y malos tratos”.
Diversent añadió que durante las coberturas de las manifestaciones se registraron agresiones contra 18 periodistas, de 8 medios de comunicación independientes, entre ellos ADN Cuba.
El rapero y activista Osvaldo Navarro, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), declaró que han hecho un seguimiento a los artistas detenidos tras el 11J y las arbitrariedades cometidas hacia miembros de esa organización “en un intento de desvirtuar las demandas acumuladas de los sectores más marginalizados de la sociedad cubana”. Señaló que “el apoyo de todo el sistema interamericano resulta vital”.
Marthadela Tamayo, del CIR y representante del Consejo para la Transición Democrática de Cuba (CTDC), denunció la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, en particular los casos de las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez, activistas de derechos humanos detenidas forzosamente por seis policías el 12 de julio en sus domicilios.
Ambas son madres y están a la espera de juicio acusadas de supuesto desacato, atentado y resistencia, y de liderar la protesta en su lugar de residencia, explicó Tamayo.
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El activista Michel Matos, del Movimiento San Isidro (MSI), denunció que se ha documentado por lo menos 39 detenciones arbitrarias de artistas relacionados con las protestas, el uso abusivo de prisiones preventivas, ya sea en cárceles o domiciliarias, decomiso de obras, prohibición de salir del país, cortes sistemáticos de las comunicaciones, denegación al acceso de servicios esenciales como salud, o la vivienda, informó Article 19.
Además de las mencionadas, solicitan la visita in loco de la CIDH organizaciones cubanas e internacionales como el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), Civil Rights Defenders (CRD), La Hora de Cuba (medio de comunicación), la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF), Impulsa Latinoamérica (IL) y el Instituto Patmos (IP).
El Comisionado de la CIDH Edgar Stuardo Ralón, relator para Cuba, reconoció el trabajo de las ONGs cubana “en condiciones tan adversas” y señaló que no se puede argumentar que el embargo económico de Estados Unidos cause situaciones violatorias de las principales libertades y garantías individuales y derechos humanos.
En Cuba “no existe libertad ni un régimen democrático, y en tanto no se atienda esa causa, es muy difícil poder avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”, dijo Edgar Stuardo Ralón.
“Nos preocupan las violaciones al debido proceso y penas desproporcionadas cuyo único objetivo es desalentar el libre derecho a la protesta y a las libertades. La CIDH reitera su compromiso por seguir visibilizando la situación en Cuba”, añadió.
La vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, dijo estar comprometida a seguir monitoreando y apoyando el trabajo de las ONG cubanas, “una esperanza no solo para Cuba sino también para la región”.
La CIDH expresó preocupación por las amenazas del régimen cubano a los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio el próximo 15 de noviembre y mantendrán “observación especial” sobre Cuba durante esa jornada.
Foto de portada: Yamil Lage/ AFP
