Fuerzas policiales del régimen arrestaron en la mañana de este lunes en Santiago de Cuba al activista Eloy Calunga, conocido en redes sociales como “Radical”.
Calunga “fue detenido arbitrariamente esta mañana. Eloy es un preso político excarcelado y no ha cometido delito alguno”, denunció el Centro de Información Legal Cubalex.
“Familia me acaban de avisar que a @90Radical o como lo conoce [la comunidad de Twitter] Radical se lo llevaron esta mañana”, publicó en la red social el usuario @Adry2807. Esta persona compartió una imagen del mensaje que le enviara el hermano del activista, donde explica que a Calunga “se lo llevaron” de su trabajo.
Calunga, de 31 años, cuenta con una década de activismo pro democracia en Cuba. Natural de Ciego de Ávila, sus reclamos al gobierno comunista comenzaron por solicitar la electrificación del barrio donde vivía. Tras la desatención a sus peticiones, el joven mostró un cartel exigiendo a las autoridades que “no engañen más al pueblo”.
“Por eso fui detenido, golpeado y encarcelado por un año y seis meses. Me acusaron de propaganda enemiga. En esa oportunidad, la policía política me dio una paliza que me trajo como consecuencia una hernia discal y dos vértebras comprimidas”, contó el opositor al portal YucaByte.
En 2019, Calunga se unió al proyecto La Cola De La Libertad, impulsado por la activista y comunicadora independiente Iliana Hernández, como coordinador en Santiago de Cuba. En abril de 2021 se sumó a la huelga de hambre que inició la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), liderada por el preso de conciencia José Daniel Ferrer.
Mantuvo su negativa a ingerir alimentos durante una semana, pero “debido a mis condiciones de salud, tuve que deponerla. Al terminar la huelga, los miembros de esta organización comenzaron a llamar a un paro nacional que promoví todo lo que pude en redes sociales”, relató al medio citado.
El joven fue uno de los firmantes de la solicitud de la frustrada Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma política Archipiélago para el pasado 15 de noviembre. Debido a su promoción de la convocatoria, la policía y la Seguridad del Estado le decomisaron su computadora y otros equipos informáticos.
El 14 de noviembre, Calunga fue detenido en una irrupción policial “a la fuerza” en casa de su novia. Estuvo recluido durante cinco días, según le dijeron, “para evitar que saliera a las calles el día 15 de noviembre". En enero de 2022, fue llamado a juicio en el Tribunal Municipal Popular, donde pretendieron aplicarle el Decreto Ley 35.
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“Contraté un abogado y juntos fuimos al juicio, donde la Fiscalía me acusó de violar el Decreto Ley 35, que sanciona la libertad de expresión en internet. Mi abogado basó la defensa en que el delito que me imputaban fue realizado antes del 11J, mientras que el Decreto Ley 35 entró en vigor después. Al terminar la sesión, fui llevado a la unidad Versalles, donde el represor Mario me dijo que de ahí me llevarían a la prisión de Aguadores, a pesar de que todavía no se había dictado una sentencia”, explicó a YucaByte.
Finalmente, no pudieron condenarlo por el mencionado decreto, que tipifica los incidentes de “ciberseguridad” y sus niveles de “peligrosidad”, y califica como “difusión dañina” los contenidos que “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”. El Decreto Ley 35 También incluye el llamado “ciberterrorismo” como un concepto por el cual procesar a quienes disientan del régimen comunista de La Habana.
Sin embargo, las autoridades lo acusaron de no tener vínculo laboral alguno, por lo cual lo sentenciaron a trabajo correccional sin internamiento durante dos años. Calunga, estigmatizado por el régimen por su actividad disidente, labora por su cuenta como pescador, pues no lo emplean en el sector estatal y la policía política presiona a los pequeños negocios privados para que no le den trabajo.
