Las autoridades policiales del municipio Marianao, en La Habana, pretenden sancionar varias veces por el mismo delito al activista Adrián Coroneaux Stevens, quien a inicios de marzo tendrá que presentarse ante los tribunales para ser juzgado.
El miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), será llevado a juicio el 1 de marzo acusado de un delito de supuesto “atentado” por el que ya cumplió nueve meses de privación de libertad.
“El 23 de mayo de 2020 fui a la estación de policía de Marianao debido a una citación que me habían hecho para ‘ventilar’ cuestiones sobre mi trabajo por cuenta propia. Cuando llegué, el Jefe de Sector me habló en forma desagradable y me agarró por un brazo, yo me zafé y entonces me golpeó en la cara”, dijo a Radio Televisión Martí el activista, quien salió recientemente de la prisión de Valle Grande.
“Allí recibí malos tratos de los guardias. Se me negó la atención médica. El 26 de julio me llevaron para una celda de castigo ‘por motivos de seguridad’ y me mantuvieron aislado por 13 días, solo por ser defensor de los derechos humanos”, denunció.
Según Coroneaux, también se le prohibió las llamadas telefónicas, varias veces. “Fui liberado el 5 de febrero después de 9 meses de injusto encarcelamiento, con una fianza de 1500 pesos y una multa de 2000. Ahora estoy esperando la vista oral por el cargo de atentado”, afirmó.
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El activista, padre de tres hijos, es el delegado del MONR en Marianao. Antes del arresto y la acusación de atentado, la policía lo citó varias veces y lo obligó a entregar su licencia de cuentapropista, con la cual operaba una carpintería que le daba sustento a su familia.
Cuando se presentó en la estación fue maltratado y golpeado por el militar, quien luego lo imputó de atentado y lo envió a la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
José Díaz, también del MONR, denunció en ese momento (mediados de junio del 2020) que lo que hizo la policía política con Curuneaux Stevens es lo que suele hacer con activistas que se destacan en la oposición pacífica para privarlos de su principal fuente de ingresos.
“Le mandaban inspectores, y todo lo que veían [en la carpintería] estaba mal. Se vio en la obligación de quitar todos los equipos que tenía allí, porque él hacía artículos religiosos, la carpintería de él era de artículos religiosos de madera, y con eso vivía y mantenía a su familia”, relata Díaz.
A su juicio, su militancia política fue el único motivo de hostigamiento, porque Curuneaux pagaba su licencia, los impuestos correspondientes y no tenía problemas con la ley. Díaz Silva puso como ejemplo del acoso lo que le ocurrió a él mismo el 11 de junio del año pasado en la Avenida Boyeros, en la capital, cuando varios agentes lo interceptaron y le sacaron y ocuparon todo lo que llevaba en los bolsillos.
(Con información de Radio Televisión Martí)
