Denuncian vigilancia electrónica en “la Cuba de Castro”
Michael G. Kozak, del Departamento de Estado, volvió a denunciar el Decreto 389 del régimen cubano, que permite la vigilancia electrónica contra nacionales y extranjeros
Michael G. Kozak.
 

El subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael G. Kozak denunció este lunes al gobierno cubano en Twitter por imponer a nacionales y extranjeros la vigilancia electrónica sin necesidad de una orden judicial.

“Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue tus pasos estés donde estés. ¿Santa Claus llegó a la ciudad? No, es el nuevo Decreto 389 que permite espiar a cualquiera sin aprobación de un tribunal. Cámaras ocultas, habitaciones de hotel intervenidas: bienvenidos a la Cuba de Castro”, escribió el funcionario en esa red social.



A finales de noviembre, el gobierno comunista anunció la entrada en vigor de un conjunto de normas jurídicas, que, entre otras cosas, legalizan la vigilancia electrónica sobre ciudadanos bajo investigación, sin necesidad de que un juez o tribunal competente lo avale antes.

El Decreto-Ley 389 de 2019, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 27 contiene un grupo de normas que modifican el Código Penal vigente en la Isla, la Ley de Procedimiento Penal y la Ley contra Actos de Terrorismo, y dan luz verde a las autoridades policiales para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos presuntamente involucrados en “delitos”.

 

 

Antes de su legalización, ya el régimen utilizaba la vigilancia electrónica de facto, sobre todo contra opositores, activistas de la sociedad civil, y ciudadanos extranjeros sospechosos de algún delito.

Según la nueva legislación, “el Ministerio del Interior garantizará la confidencialidad de las informaciones obtenidas mediante el empleo de esta técnica; las que no guarden relación con el delito investigado no pueden ser divulgadas y serán destruidas inmediatamente”.

El 29 de noviembre, abogados independientes exigieron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento cubano) la derogación del Decreto.

“Consideramos que este decreto es una violación flagrante a los derechos humanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad. Con él se legaliza lo que los órganos de seguridad en nuestro país venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta nueva ley no se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito y las técnicas especiales y excepcionales que se utilizan para combatirlos”, declararon entonces Julio Ferrer y Edilio Hernández.

Kozak había alertado antes sobre el peligro de la legislación: “El régimen de Castro promulgó nueva ley que pone en papel lo que el mundo ya sabía: puede -y de hecho lo hace- vigilar y escuchar a escondidas a cualquiera en Cuba. El pretexto: ‘reducir el crimen’. En el estado policial de Castro, pensar diferente es considerado criminal”, escribió en Twitter el 27 de noviembre.